El alcalde de Ourense queda en libertad bajo fianza de 6.000 euros

Francisco Rodríguez, quien abandonó los juzgados esta madrugada tras ser imputado por cohecho y prevaricación, dice que no va a dimitir. José María Tutor y Adrián Cordero también quedaron en libertad con cargos


Lugo / La Voz

El alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, ha quedado en libertad con cargos bajo fianza de 6.000 euros. El regidor, que había había sido detenido el jueves en el marco de la operación Pokémon, se le imputan los delitos de cohecho y prevaricación.

Tras abandonar los juzgados esta madrugada, Rodríguez aseguró «estar muy cansado» después de tantas horas privado de su libertad y que estaba deseando volver a casa pero que confiaba a la justicia. Ante la pregunta de los periodistas respecto a una posible dimisión, el alcalde descartó esa posibilidad.

El regidor declaró esta mañana durante algo más de tres horas en los juzgados de Lugo. El interrogatorio corrió a cargo de la jueza Pilar de Lara, que por el momento no ha tomado ninguna decisión sobre la situación del alcalde que permanece en las dependencias judiciales a la espera de que presten declaración otros detenidos relacionados con Vendex.

En la declaración la jueza le ha preguntado por sus relaciones con varias empresas y con los servicios de la ORA. También al parecer le han mostrado algunas grabaciones telefónicas del propio alcalde, por ejemplo alguna grabación de una persona que le llamó para pedirle trabajo para algunos hijos que tenía en paro.

Alrededor de la una y cuarto llegó uno de ellos, José María Tutor, quien quedó en libertad con fianza de 4.000 euros con cargos por prevaricación y tráfico de influencias.

El responsable del grupo en Ourense, Adrián Cordero, quedó en libertad sin fianza pero con cargos de cohecho, falsificación de documentos y tráfico de influencias.

Por la tarde llegaron al juzgado otros dos detenidos. Ayer Francisco Rodríguez sufrió una indisposición en los calabozos. Hoy está prevista en Ourense una concentración popular de apoyo.

Vendex

Por la tarde, el propietario del Grupo Vendex, Gervasio Rolando, llegaba a las 19.40 horas para declarar en el Juzgado de Instrucción Número uno de Lugo que instruye la Pokemon que investiga contratos públicos. Sólo unos minutos después entró custodiado por dos agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera en los juzgados una mujer que no pudo ser identificada porque se personó con la cabeza cubierta por una prenda.

También se encuentra prestando declaración ante la jueza Pilar de Lara, José María Tutor, delegado del Grupo Vendex en Galicia. De momento ninguno de ellos salió de la sede judicial porque una vez que finalice la toma de declaraciones, se celebrará una vista para dar a conocer la situación de los imputados y los cargos a los que deberán responder ante los tribunales.

Más de 50 personas se encuentran involucradas en la trama de las presuntas adjudicaciones irregulares que investiga la jueza lucense Pilar de Lara en el marco de la operación Pokémon. A los trece detenidos habrá que sumar algunos arrestos más que podrían producirse en los próximos días y también una lista de imputados que superaría la treintena de personas, según señalaron algunas fuentes vinculadas con la investigación. Ayer ya declararon tres de los trece detenidos, y dos quedaron libres. Son Adolfo Gacio, alcalde de Boqueixón, y Román Otero, funcionario del Ayuntamiento de Santiago. El tercero, Alberto Quintana, seguía declarando en la madrugada del sábado.

El grueso de la investigación se está realizando tras los registros y detenciones de las últimas horas. Y todavía queda mucho terreno por recorrer, sobre todo porque en las inspecciones fue encontrada documentación comprometedora. La gran cantidad de registros llevados a cabo dejan entrever la magnitud de la trama. Solo fuera de Galicia se hicieron más de veinte. La mayoría están relacionados con empresas del Grupo Vendex, adjudicatario de aparcamientos del sistema ORA.

Pero la investigación no pasa únicamente por los contratos de los aparcamientos a empresas conectadas entre sí y relacionadas con integrantes de la presunta trama. Hay una parte clave, que son los contratos efectuados desde la Confederación Hidrográfica Miño-Sil durante el mandato del exconcejal socialista lucense Francisco Fernández Liñares, ahora detenido. La documentación que se llevaron los investigadores de la sede ourensana del organismo será revisada minuciosamente.

Una decena de empresas

Durante su mandato, en Lugo fueron adjudicadas numerosas obras. Además, los investigadores se detienen en el estudio de una decena de empresas que están relacionadas entre sí y detrás de las cuales estarían algunos de los ahora detenidos. Estas firmas lograron contratos en diversos puntos de Galicia. Dichas adjudicaciones pudieron ser obtenidas a cambio de entregas de dinero y en algunos casos con el regalo de un reloj de oro.

La jueza Pilar de Lara, después de una jornada maratoniana, comenzó a tomar declaraciones a los detenidos ayer por la tarde. Sobre las tres y media llegó a los juzgados lucenses y anunció que las declaraciones comenzarían sobre las cinco y media. El primero en ser trasladado al juzgado fue Román Otero, funcionario del Ayuntamiento de Santiago, quien llegó, sin esposar, poco antes de las cuatro de la tarde. Pilar de Lara no empezó a tomarle declaración hasta las seis y media. Fue puesto en libertad hora y media más tarde.

Después llegaron Alberto Quintana, responsable de Sermasa en Santiago -que se encarga del servicio de ayuda en el hogar en el Concello de Boqueixón-, y Adolfo Gacio, alcalde popular de Boqueixón. Ambos comparecieron esposados.

El alcalde fue el segundo en prestar declaración. Minutos antes, su abogado, Julio Lois, se quejaba de las formas que se están siguiendo en este procedimiento. Lamentaba que no había podido comunicarse con su defendido en ningún momento, pues estaba incomunicado y que ni siquiera pudieron ver los autos. Gacio fue detenido el jueves por la mañana en el Concello que preside y pasó esa noche y toda la mañana en las dependencias centrales del Cuerpo Nacional de Policía en A Coruña. También familiares de varios detenidos se quejaron de esa incomunicación y de la falta de información.

Gacio llegó a las cinco de la tarde al juzgado de Lugo, trasladado por los investigadores en un coche sin distintivos oficiales. Fue llevado ante la jueza alrededor de las ocho de la tarde y terminó con su declaración dos horas y media después. Cuando salió de los juzgados eran las once y cuarto de la noche. Su abogado explicó que la jueza lo dejó en libertad bajo fianza de 10.000 euros, y que le habían concedido un plazo de 72 horas para depositar el dinero.

El letrado no quiso contar ningún detalle del sumario, alegando que estaba declarado secreto y que no podía dar ninguna información. Simplemente explicó que al alcalde le imputaban un presunto delito de prevaricación, otro de cohecho y dos delitos menores relacionados con los anteriores, pero que no quiso explicar. Fue toda la información que aportó sobre el caso. Luego, el abogado dijo que su cliente había declarado durante dos horas y media ante la jueza, y que se encontraba cansado pero tranquilo. Eran las once y media de la noche cuando abandonaron las inmediaciones del edificio de los juzagdos tras su breve comparecencia ante la prensa.

Declaración de madrugada

A esa hora se esperaba que comenzase a declarar ante la jueza Pilar de Lara el último de los detenidos trasladado ayer a Lugo. Alberto Quintana Vilarelle es el responsable en Santiago de la empresa Sermasa, la que presta el servicio de asistencia domiciliaria en el Concello de Boqueixón. Se preveía que la declaración de Quintana acabase ya bien entrada la madrugada. Todo el edificio de los juzgados de Lugo permanecía anoche apagado, excepto las luces de las oficinas del Juzgado de Instrucción número 1.

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