España presentó el 16 de mayo del 2003 una demanda civil en los tribunales de Nueva York que pretendía recuperar el alto coste de la marea negra del Prestige actuando contra uno de los actores clave del accidente: la empresa que firmó el certificado de navegabilidad del buque en unas condiciones que España considera negligentes e imprudentes, pues las revisiones ni siquiera se habrían hecho según las normas internas de ABS. El largo proceso muestra, por otra parte, que la Justicia no solo es lenta en España. El procedimiento civil ha durado nueve años y la resolución del recurso se ha hecho esperar durante 24 meses.
El problema es que durante todo este tiempo España ha estado pagando los altos honorarios de los abogados estadounidenses expertos en el proceloso mundo del derecho marítimo. Se calcula que el Estado ha desembolsado desde el 2003 unos 30 millones de euros, primero al bufete Holland & Knight y después al de Squire, Sanders & Dempsey, donde recalaron los dos principales abogados que llevaban el caso.
Posibilidad de recurso
Pero la demanda que podría haber hecho temblar los cimientos del statu quo marítimo ha naufragado y las posibilidades de recurso se reducirían a algo similar a la casación española. Pero esta posibilidad es muy remota desde el momento en el que el tribunal valora y decide sobre todo el arsenal probatorio presentado por España y sobre el propio fondo de la cuestión: si hubo imprudencia en las revisiones o no. Además, en una época de recortes y ajustes presupuestarios, es posible que se decidiera dar por perdido el caso aunque fuera factible algún tipo de recurso.
El pleito llega por tanto a vía muerta antes de que se constituyera el jurado que debería dirimir la demanda y en vísperas del juicio del Prestige en España, que dará comienzo el próximo 16 de octubre. Una vista en la que, por cierto, ABS solo estará presente de manera tangencial, a pesar de que los abogados del Estado francés pidieron que se imputara a altos cargos de la sociedad de clasificación. Esta reclamación fue rechazada, por lo que la empresa ya está libre de amenazas judiciales por el caso Prestige.