Aclarar indemnizaciones, preferentes y errores, o caer en el mero ruido político

En la comisión podrían comparecer los anteriores y actuales gestores de NCG, del Banco de España y hasta Elena Salgado


redacción / la voz

En unas semanas comenzará a trabajar en Galicia la comisión que investigará el pasado, presente y (quizá) futuro de las antiguas Caixa Galicia y Caixanova, luego Novacaixagalicia y hoy NCG Banco. Las comparecencias arrancarán a mediados de septiembre, tras pedir ayer el PP que se constituya la comisión este agosto, minutos después de que el PSOE instara a que se pusiera en marcha la Diputación Permanente de la Cámara gallega.

La intención es muy saludable -esclarecer qué ha pasado con la primera entidad financiera de la comunidad-, pero los precedentes no son nada alentadores. Comisiones similares no sirvieron ni las Cortes de Valencia (investigación sobre la CAM) ni en el Congreso de los Diputados (análisis del crac del sistema financiero español). Y a día de hoy se sigue sin una respuesta sobre lo que ha pasado para que un sistema bancario que presumía de estar entre los más sólidos de Europa tenga que recurrir a 100.000 millones de euros de ayuda europea. Y tampoco se han dado recetas para evitar que se repita.

¿Llega en un buen momento el debate?

El PP retrasó la puesta en marcha de esa comisión -pedida desde octubre por la oposición- argumentando que generaría tal ruido que dañaría el proceso de consolidación y captación de inversores puesto en marcha por NCG Banco. Lo cierto es que ese proyecto no ha terminado, pero las dudas sobre la situación de la banca española y de NCG en concreto (nacionalizada y pendiente de recibir una inyección de 6.000 millones de euros) ha forzado la convocatoria. Ahora bien, llegará en plena precampaña gallega, y el de las cajas ha sido un tema fuertemente politizado. No podrá aislarse ese componente.

¿Qué hay que conocer?

Principalmente tres cosas, y al menos en ellas coinciden PP, PSOE y BNG. Lo primero es saber qué pasó para llegar a la situación actual en NCG Banco; es decir, donde hubo errores antes y durante la fusión, quién eludió su tarea de supervisar a las cajas, qué llevó a su conversión en banco (dejando en el aire la obra social) y el estado real de las dos entidades gallegas. Y señalar a los responsables. Seguidamente, aclarar los dos escándalos que han dañado de forma importante la imagen de la entidad: las indemnizaciones y las participaciones preferentes. Es necesario saber quién propuso las indemnizaciones de más de 20 millones a 4 exdirectivos, quién y cómo las aprobó, y si había conocimiento en el Banco de España y la Xunta. Sobre las preferentes, los comparecientes deben aclarar por qué se vendieron en las sucursales a clientes sin preparación e incluso analfabetos; si alguna caja lo hizo para elevar rápidamente su nivel de solvencia en vísperas de la fusión; y quién dio la orden para iniciar la comercialización masiva de este producto complejo y de riesgo.

¿Quién habrá de comparecer?

Junto a la petición de documentos (PSOE y BNG solicitarán la auditoría de KPMG que avalaba la fusión y los informes del Banco de España), saber quién comparecerá es básico para determinar el éxito o fracaso de la comisión. Los partidos dicen que «no cierran puertas a nadie» y eso afecta sobre todo a PP y PSOE. Los primeros no rechazan que Feijoo y la exconselleira Marta Fernández Currás acudan a O Hórreo a dar explicaciones de su gestión. Los socialistas también se prestan a llamar a los antiguos responsables del Banco de España (empezando por el exgobernador Miguel Fernández Ordóñez) o del Ministerio de Economía, como Elena Salgado. Hay nombres que se dan por descontado. «Los de la foto de la fusión», les llaman: José Luis Méndez, Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego y Mauro Varela. Es previsible que se llame a José María Castellano (actual presidente de NCG) para que explique la situación actual del banco. Y es posible también que acudan los miembros del consejo de administración.

¿Se pueden negar a acudir a O Hórreo?

No está claro. En el Congreso han ido obligados todos los llamados a declarar, y era visible el malestar de algunos. En un parlamento autonómico hay precedentes de negativas. Ordóñez y otros miembros del Banco de España se negaron a ir a Valencia a hablar de la CAM.

¿Servirá para imponer sanciones a quien tuvo responsabilidad?

No. Solo para señalar política y socialmente a los que provocaron la situación actual. Y, como mucho, para aportar pruebas a la Fiscalía en alguno de los asuntos que se están investigando (preferentes e indemnizaciones). O para acudir a los tribunales si se considera que de alguna de las declaraciones se extrae un posible delito.

¿Qué riesgos corre esa comisión?

El silencio, la inconcreción y el excesivo ruido político. Silencio porque los comparecientes se niguen a dar datos relevantes en cuestiones sensibles, como el tema de las indemnizaciones, amparándose en que están bajo investigación judicial. Inconcreción porque las respuestas sean vagas o superficialessin entrar a fondo. Y ruido y confusión porque la comisión llegará en un momento complejo: coincidirá en el tiempo con la llegada de las ayudas de la UE a la banca, y con la precampaña gallega. Se puede contaminar todo.

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