La Fiscalía eleva a 3.800 millones la reclamación por el «Prestige»

Incluye los daños ambientales y los causados a la salud de los voluntarios


redacción / la voz

La reclamación de daños por el siniestro del petrolero Prestige, ocurrido en el año 2002, alcanzará los 3.862 millones de euros. Esa es la cantidad que figura en la memoria de la Fiscalía de Galicia presentada ayer en A Coruña por el fiscal superior, Carlos Varela. El documento recoge el informe elaborado por la perita propuesta por la Fiscalía para valorar los daños causados por la catástrofe. Esa cantidad es prácticamente el doble de la cifra aportada en el escrito de acusación del fiscal (1.974 millones) y será presentada en el transcurso del juicio oral por la experta, que es profesora de la Universidade de Santiago.

El encargo pericial realizado por la Fiscalía gallega supuso una reformulación total del informe inicial de daños y un análisis minucioso de los efectos económicos y ambientales de la catástrofe del Prestige. Se trata, según figura en la memoria de la Fiscalía, «dun dos máis completos estudos mundiais» de valoración del daño ambiental.

Destaca la Fiscalía que el trabajo de la experta concluyó con la elaboración de un informe que se incorporará a la causa y que cuantifica la tragedia «nos seus xustos e expresivos termos, en 3.862,42 millóns de euros no medio prazo, e soamente para España». Aclara el documento que en esa cifra están sin actualizar los gastos contables que está recopilando la Abogacía del Estado.

Esta novedad introducida en la causa del Prestige supone, a juicio de la Fiscalía de Galicia, «a plasmación real, e non soamente teórica», de la traducción económica de los denominados intereses difusos, situando al Estado como titular global del bien jurídico tutelado y como destinatario final de la indemnización que estará dirigida a satisfacer el interés general que defiende la Fiscalía.

El fiscal superior dijo que las tesis que defiende su departamento son las derivadas de la responsabilidad civil del accidente, e insistió en aclarar que la Fiscalía pretende que sea compensado el daño ambiental puro. Carlos Valera apuntó que esa es una tesis novedosa en el ámbito judicial porque incluye la reclamación no solo por los perjuicios materiales causados por el siniestro del petrolero, sino también por otra serie de daños vinculados a aquella catástrofe.

En ese sentido, el fiscal superior de Galicia puso el ejemplo de los perjuicios de tipo ecológico relacionados con la fauna y, por ejemplo, con la salud de las personas, la mayoría voluntarios, que estuvieron colaborando en la recogida del fuel durante las semanas posteriores al accidente. Eso es lo que los expertos internacionales denominan como valoración contingente del daño. Varela explicó que ese tipo de valoración no fue llevada hasta ahora ante un tribunal de justicia, por lo que la Fiscalía gallega tiene un gran interés en que haya un pronunciamiento sobre un procedimiento de este tipo por primera vez en España.

En la memoria de la Fiscalía se indica que esto supone un intento de «incorporar, por primeira vez, no noso dereito», una reclamación global, a la que podemos denominar daño ambiental, a un proceso penal de esta naturaleza. Se explica en el documento que son conceptos jurídicos que están ya plenamente instalados en otros países y que dieron lugar a estimaciones de reclamaciones concretas.

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