Condenado el exalcalde que dio 43 licencias de tablaos flamencos en Santa Comba

La sentencia de la Audiencia de A Coruña confirma cuatro años de inhabilitación para José Toja por prevaricación

la voz

La Audiencia Provincial ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Penal número 5 de A Coruña que condenó al exalcalde de Santa Comba José Toja Parajó a cuatro años de inhabilitación para cargo público por prevaricación en relación con los 43 establecimientos hosteleros de la localidad xalleira que operaban, sin serlo, con licencia de tablaos flamencos. Este caso destapó la proliferación de tablaos en otros puntos de Galicia y dio paso a órdenes de regularización o cierre de estos locales.

La sentencia de la Audiencia Provincial, que no admite recurso, confirma en todo su contenido la de primera instancia, que había constatado que Toja Parajó «no podía ignorar que en su población existían nada menos que 43 tablaos flamencos, lo que no era normal». Esta atípica proliferación de tablaos se debía a que esta licencia, que no se correspondía con la actividad de los locales, permitía a estos cerrar dos horas más tarde que los pubs. El fallo del Juzgado de lo Penal también consideró probado que cuando otras empresas perjudicadas presentaron las correspondientes denuncias, el exalcalde «no las tramitó, consciente de su actuación arbitraria» e, «intentando dar aspecto de actividad a su inactividad», encargó un informe al asesor jurídico que nada tiene que ver con las denuncias.

Esta sentencia fue apelada por Toja Parajó argumentando, entre otros aspectos, la indebida aplicación del Código Penal en cuanto a la acción omisiva, la injusticia de la resolución y el dolo, lo que fue rechazado de plano por la Audiencia Provincial por cuanto «estamos ante un caso que supera una actividad referida a un único establecimiento para integrar la pauta de conducta normal de la Administración municipal de Santa Comba», dirigida directamente por el alcalde, en materia de licencias de hostelería. También constata la «absoluta irregularidad» del método para atender las reclamaciones y afirma que «la situación estaba caracterizada por una absoluta falta de control municipal tanto en la concesión de las licencias (que se otorgaban de forma automática) como en el control sobre las actividades de los establecimientos (cuyos horarios e instalaciones no eran interferidos ni siquiera por la rutinaria vigilancia policial)». Añade que la actuación de Toja fue injusta y arbitraria porque siguió un proceso al margen de lo reglado, para «mantener el estado de cosas previo a la denuncia y omitiendo dar una respuesta a las reclamaciones formuladas». Las denuncias eran guardadas en una carpeta «sin intención alguna de darles curso y menos de dictar resolución sobre ellas».

En cuanto al dolo, la Audiencia considera evidente que Toja era consciente de la arbitrariedad de su actuación y que «la voluntad de atacar el buen funcionamiento de la Administración era directo».

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