Los pequeños concellos se rebelan contra el recorte del número de ediles y las retribuciones
19 jul 2012 . Actualizado a las 12:13 h.Guerra abierta en el seno del municipalismo gallego contra el tijeretazo anunciado por el Gobierno en las competencias de los ayuntamientos y las retribuciones de alcaldes y concejales. Los tres principales partidos políticos cerraron ayer filas con los alcaldes, que a través de la ejecutiva de la Fegamp aprobaron una resolución en la que expresan su rechazo unánime al informe del Ministerio de Hacienda que pretende modificar la Ley de Bases de Régimen Local. Ese documento es el fundamento de medidas como la retirada de las competencias que los concellos de menos de 20.000 habitantes no puedan prestar con parámetros de calidad y solvencia, el recorte del 30 % de los concejales o el tope retributivo para las corporaciones fijado en el 0,6 % del presupuesto del ayuntamiento.
La Fegamp advierte que la reforma «invade as competencias de Galicia, non soluciona a falta de financiamento que sofren os concellos, ataca a autonomía municipal e non realiza unha clarificación das competencias municipais». Subraya que el informe de Hacienda no atiende a la dispersión y el envejecimiento que encarecen los servicios en Galicia. Sobre las retribuciones, pide una tabla que considere población y presupuesto de cada concello. El presidente de la Fegamp, José Manuel Rey, juzga inexcusable que el Gobierno negocie las reformas de los municipios con las federaciones.
Los tres grandes partidos apoyan con contundencia ese discurso. El portavoz del PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda, sostiene que «o ministerio debe reconsiderar as súas propostas».
Supresión de las diputaciones
El secretario de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, acusa al Gobierno de criminalizar a los ayuntamientos para aplicar una «voladura controlada del Estado de bienestar desde los servicios que prestan». Zarrías y Pachi Vázquez piden que se estudie suprimir las diputaciones. El exconselleiro José Luis Méndez Romeu ve en el recorte «un paso más en el intento de liquidar a los municipios».
La responsable de municipalismo del BNG, Sandra González, confía en que el Ejecutivo negociará y corregirá un criterio con el que «racha coa autonomía municipal e cambia a estrutura do Estado».
El ajuste retributivo solivianta a los alcaldes. El de Muíños (Ourense, 1.800 vecinos), Plácido Álvarez, vive de su salario de secretario municipal en Pereiro. «Se o alcalde está na xestión administrativa e ten que adicarlle horas, é normal que cobre». Su homólogo de Maceda (3.100), Xavier Oviedo, recrimina «outro intento de intromisión nos concellos». «Non vexo ben nin mal poñer un soldo base. Son mileurista [1.200 al mes], así que igual saio gañando», ironiza.
Belén Cachafeiro, alcaldesa de Forcarei (Pontevedra, 4.000 habitantes), tiene un salario anual de 46.022 euros, tras bajárselo un 15 %. «Nos concellos máis pequenos estamos adicados ás 24 horas aos veciños», dice. A Javier Caínzos, de Curtis (A Coruña, 4.200 habitantes), no le preocupa la tijera: «Tengo la misma retribución que como trabajador de la Xunta (36.000 euros al año). Si supone una repercusión importante, me incorporaría a mi puesto de funcionario». Tampoco a Manuel Martínez, regidor de Becerreá (Lugo, 3.100 habitantes), que cobra como diputado provincial y cree un error tomar como modelo las ciudades porque la mayoría de los concellos están como el suyo.
Más crítico, Secundino García, de San Sadurniño (A Coruña, 3.000 vecinos), subraya que sobran «as deputacións» y que el Gobierno busca «que só poida ter cargo público o que teña pasta». El de Soutomaior (Pontevedra, 7.000 habitantes), Agustín Reguera, opina que el salario de los regidores no es el primer problema de España, pero asume que puede ser una medida que reconforte al ciudadano. El de Castroverde (Lugo, menos de 3.000 habitantes), José María Arias, cree que no tendrá efectos porque en los concellos pequeños los ediles no cobran.
Jorge Canda, de A Lama (Pontevedra, 3.000 vecinos) no teme perder su dedicación exclusiva: «Cumplimos con holgura el límite del 0,6 % del presupuesto». Y defiende: «Yo también tengo que mantener a mi familia». El alcalde de Lalín, Xosé Crespo, y el único concejal con dedicación exclusiva renunciarán a la paga de Navidad en solidaridad con los funcionarios.