Afirma que el proyecto dañaría muchas economías locales
08 jul 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El sector de Justicia de Comisiones Obreras ha expresado al presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, su discrepancia con la nueva demarcación judicial propuesta por el Consejo General del Poder Judicial.
Las bases para establecer la nueva demarcación reducirían de 45 a 13 el número de partidos judiciales de Galicia, lo que supone «la mayor transformación de la estructura judicial de los últimos 50 años y va contra la tendencia de los últimos años de aumentar el número de órganos y partidos judiciales», en opinión del sindicato.
Comisiones ha hecho saber a Cadenas que redacta un informe sobre este asunto en el que se pone en tela de juicio «la veracidad de las bases sobre las que asienta la propuesta del consejo». Del mismo modo, el citado análisis alude a la falta de concreción del proyecto y de oportunidad de la iniciativa como consecuencia de la actual situación económica. Por otro lado, señala como el aspecto de mayor gravedad «el perjuicio que se ocasiona al ciudadano de a pie y el cercenamiento de los derechos laborales de los funcionarios de Justicia».
Prioridades
La creación de juzgados pendientes y la implantación de la nueva oficina judicial tienen prioridad sobre la nueva demarcación judicial. Al menos, así lo entiende Comisiones, que señala un tercer capítulo pendiente y de gran relevancia para la modernización de la Justicia en España: la adecuación de los medios tecnológicos y la compatibilización de los programas informáticos en todo el territorio nacional.
En la reunión mantenida con el presidente del TSXG, el sindicato se mostró muy crítico con la intención del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de reducir la planta judicial, «mercantilizar servicios públicos e incrementar las tasas judiciales».
Por esas y otras razones, el sector de Justicia de CC.?OO. ha tratado de informar y apoyar «a las voces que se han mostrado contrarias al proyecto», tales como colegios de abogados y de procuradores, ayuntamientos y colectivos vecinales.
La eliminación de 32 partidos judiciales acarrearía daños a las economías de los municipios afectados, en los que «alrededor de los juzgados se desarrolla una gran actividad comercial, y la desaparición de palacios de justicia haría quebrar muchos negocios», según afirma la plataforma sindical.
«ERE encubierto»
También destaca otros aspectos negativos de la reforma, como «un perjuicio irreversible al ciudadano y un menoscabo del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva».
Pero las consecuencias que traería consigo la pretendida reforma irían más allá. Y es que, subraya el sindicato, provocaría «el traslado forzoso, cuando no la amortización, de decenas de trabajadores; una especie de ERE encubierto, algo nunca visto en la Administración».
La oposición frontal al aumento de las tasas judiciales y a la «externalización y privatización de servicios públicos de la justicia» está encima de la mesa de los sindicalistas, muy críticos con reformas «motivadas por factores exclusivamente económicos y que no repercuten en un funcionamiento óptimo del servicio público».
El sector de Justicia de Comisiones advierte que luchará «contra el continuo hostigamiento al empleado público, considerando como mayor perjudicado al ciudadano, que sufriría las consecuencias de de proyectos faraónicos apoyados en entelequias».
«La reforma supondría un perjuicio irreversible al ciudadano»