El decreto disuade a los municipios díscolos, que en el 2008 fueron 43
18 may 2012 . Actualizado a las 11:33 h.El decreto de subvenciones que aprobó el Gobierno de Feijoo para tratar de meter en cintura a los concellos y erradicar el incumplimiento reiterado de su obligación de rendir cuentas ante el órgano fiscalizador ha surtido efecto. La decisión del Ejecutivo autónomo de supeditar sus ayudas a la presentación de los balances de gastos e ingresos al Consello de Contas ha reducido a solo tres la relación de ayuntamientos díscolos con las cuentas del 2010, cuando en el ejercicio del 2008 fueron 43 los que no cumplieron y 219 los que aprobaron sus presupuestos fuera del plazo estipulado. Los tres municipios que pueden quedarse fuera de las subvenciones de la Xunta son O Covelo (Pontevedra), Lobios (Ourense) y Triacastela (Lugo), todos gobernados por el PP.
Se trata de ayuntamientos con menos de 3.500 habitantes, que tienen por tanto presupuestos reducidos. Dos de ellos, O Covelo y Triacastela, son reincidentes, porque ya figuraron entre esos 43 municipios que no rindieron cuentas en el ejercicio fiscal del 2008. De aquella lista han desaparecido los ayuntamientos más poblados, que son los que se verían más perjudicados si la Xunta les cierra el grifo de las subvenciones. La última memoria del Consello de Contas incluía entre los concellos que no cumplieron a varios que superan los 10.000 habitantes, como Vilagarcía (37.903), Redondela (30.006), Ames (28.852), Cangas (26.121), Viveiro (16.107), Noia (14.876), Verín (14.633) o Betanzos (13.537). Todos ellos han presentado esta vez en plazo sus cuentas del 2010 al órgano fiscalizador.
Deuda por 121.000 facturas
El nuevo marco reglamentario de la Xunta confirma así su efectividad como elemento corrector de una indisciplina de los concellos que es desde hace años motivo de queja en todos los informes del Consello de Contas. Pero el decreto de subvenciones tiene una segunda vertiente, orientada a sacar del cajón las facturas pendientes y a una mayor diligencia en su liquidación. Así, el Ejecutivo retendrá ayudas autonómicas a los municipios que no abonen sus pagos antes de 60 días. El plan de pago a proveedores promovido por el Gobierno central ha permitido transparentar la deuda acumulada que reconocen los ayuntamientos gallegos. Según los datos de Hacienda, los concellos admiten que adeudan 121.811 facturas, por un importe global de 211,79 millones de euros. En detalle, los municipios de la provincia de Pontevedra presentaron dentro de ese plan 33.677 facturas por las que deben 69,6 millones; los de A Coruña, 32.804 por 68,9 millones; los de Ourense, 28.020 por importe de 37,8 millones; y los concellos de la provincia de Lugo, 27.310 facturas por las que adeudan a sus proveedores 35,5 millones de euros.