El nuevo valedor sacará a subasta el coche de lujo de su antecesor

Domingos Sampedro
domingos sampedro SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

La amplia reforma esbozada para la oficina reducirá un 25 % su gasto

18 may 2012 . Actualizado a las 18:37 h.

El lujoso coche oficial que utilizó el titular del Valedor do Pobo en los últimos diez meses tiene los días contados y en breve dejará de prestar sus servicios en esta institución. El nuevo defensor del pueblo autonómico, José Julio Fernández, que sustituye en funciones al dimitido Benigno López, tiene previsto desprenderse de la berlina Audi A6 adquirida por 62.000 euros en julio del 2010, y lo hará valiéndose de un procedimiento muy similar al utilizado por el PP cuando recuperó el control de la Xunta, en el año 2009, y sacó a subasta los vehículos más lujosos que utilizaban el presidente y los miembros del anterior Gobierno bipartito.

Los detalles de la venta del coche oficial del Valedor do Pobo están todavía por definir y, según apuntan las fuentes consultadas, el nuevo responsable de la institución no dará ningún paso en esta dirección hasta que sea nombrado formalmente por la Comisión de Peticións del Parlamento, pues este trámite le conferiría a José Julio Fernández los poderes y la firma autorizada necesarios para tomar decisiones que atañen tanto al personal como a los gastos de funcionamiento y a la organización interna del Valedor do Pobo.

En paralelo a la venta del coche oficial, el nuevo valedor también acometerá la mayor remodelación de la historia en la oficina del alto comisionado del Parlamento gallego, que le llevará a prescindir de alrededor de un 25 % de su presupuesto y de la figura de los tres vicevaledores, ejecutando así el compromiso asumido por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, en el último debate sobre el estado de la autonomía.

Estructura creciente

Desde que Xosé Cora se convirtió en el primer valedor do pobo, en el año 1990, la estructura y el gasto de esta institución no ha dejado de crecer. Inicialmente, esta oficina arrancó con la creación de la figura de dos vicevaledores, a los que se añadió un tercero con la llegada a la oficina de Vázquez Sandes, el segundo valedor, en el año 2002. La estructura a día de hoy se completaba con un secretario general, un jefe de servicio y seis asesores, aparte de un gabinete de comunicación específico que Benigno López, el tercer valedor, le sumó a la institución.

La estructura de la defensoría gallega es una de las que más ha crecido, si se compara con la de las otras once comunidades autónomas que se han dotado de esta figura. En estos momentos, hay cinco comunidades que no disponen de defensor autonómico, y que cubren este servicio a través del Defensor del Pueblo, figura habilitada para todo el Estado. Se trata de Madrid, Extremadura, Cantabria y Baleares, a las que se unió Castilla-La Mancha cuando, en diciembre pasado, decidió suprimir la oficina autonómica y traspasar las competencias al Defensor del Pueblo.

Solo Andalucía, con un defensor y cuatro defensores adjuntos, supera en organigrama al alto comisionado gallego, ya que el Síndic de Greuges de Cataluña y el de Valencia disponen de dos defensores adjuntos. Las oficinas autonómicas del País Vasco, Asturias y Castilla y León disponen solo de un defensor y un adjunto, mientras que las de Navarra, La Rioja, Canarias y Aragón no tienen vicevaledores, aunque todas tienen un secretario general.

Un valedor y un adjunto

El último de estos modelos, el más simplificado, es por el que optará Galicia al suprimir los tres vicevaledores. La oficina dispondrá también de otro alto cargo: el de secretario general, que a su vez actuará como un defensor adjunto.

Con esta remodelación que el nuevo valedor do pobo empezará a aplicar en verano, el alto comisionado confía en recortar su presupuesto una quinta parte, con lo que pasaría de los 2,02 millones de euros de gasto de la actual al entorno de los 1,6 millones. Solo la supresión definitiva de los tres vicevaledores supondrá un ahorro cercano a los 200.000 euros anuales en sueldos, dietas y otros gastos de funcionamiento.