La Xunta cree que los animales no iban a la cadena alimentaria

Los cadáveres almacenados en As Neves se iban a incinerar, según Medio Rural


vigo / la voz

La Consellería do Medio Rural aseguró ayer que las quince toneladas de cadáveres de animales localizados por el Seprona en dos naves de As Neves no iban a representar ningún peligro para la salud pública. El director xeral de Produción Agropecuaria, José Álvarez Robledo, confirmó ayer que el destino final de todos los residuos iba a ser la incineración y que la Administración posee los controles necesarios para impedir que puedan volver a la cadena alimentaria. Destacó que los servicios técnicos de la consellería llevan tiempo haciendo un seguimiento de la operadora responsable de los residuos. La mercancía procedía de una planta del polígono industrial de O Campiño, Ramón Martínez Besada, y se almacenaban de manera irregular en las naves de As Neves hasta tener el acopio suficiente para su envío a una planta de Salamanca y ahorrar costes de combustible. «Estamos ante una infracción administrativa, determinadas operaciones hay que hacerlas con los permisos necesarios», valoró ayer Álvarez Robledo. A raíz de la intervención del Seprona, la Xunta ha abierto una investigación que podría desembocar en la apertura de un expediente sancionador a la empresa.

Acusación particular

El polémico hallazgo de los agentes de la Guardia Civil ha originado un enorme revuelo entre las asociaciones protectoras de animales. Los colectivos que promueven la defensa de los animales van a dirigir una acusación particular para dilucidar alguna posible responsabilidad penal. La coordinadora de protectoras de Pontevedra, la protectora de Ponteareas, Proyecto Gato de Vigo y el refugio de animales de Cambados formularán la acusación asesorados por la organización Libera Animal.

El caso también va a llegar al Parlamento gallego de la mano del PSOE. La diputada socialista Carmen Gallego considera alarmante el decomiso de 15 toneladas de animales muertos y trasladará a la Xunta su interés por saber si el Gobierno gallego conocía el operativo del Seprona y qué empresas estarían relacionadas con el caso. También preguntará si la Administración autonómica abrió algún expediente sancionador en el pasado por conductas de este tipo.

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