Galicia necesitaría 23 juzgados nuevos para salir del atasco

Inquietud ante la reforma territorial que propone el Poder Judicial


REDACCIÓN / La VOZ

Aunque casi de forma unánime los actores del mundo judicial están de acuerdo de que es necesaria una reforma, pocos han acogido con buen talante el estudio del Consejo General del Poder Judicial que propone reducir los partidos judiciales en Galicia de 45 a 13. Pese a tratarse solo de una propuesta sin valor legislativo, sindicatos, abogados y alcaldes han empezado a movilizarse temiendo las consecuencias que pudiera generar una reforma semejante de la planta judicial en Galicia.

Las 45 demarcaciones gallegas agrupan un total de 159 unidades judiciales que, en general, viven en una situación de atasco no muy distinta a la que sufre el resto de España. La apertura de nuevos juzgados ha aliviado puntualmente el flujo de la administración de justicia en algunos puntos, pero el volumen de asuntos que se ven obligados a tramitar los juzgados gallegos imposibilita aliviar el atasco. Según fuentes de varios ámbitos relacionados con la Justicia, en Galicia serían necesarias al menos 23 nuevas unidades judiciales para dar respuesta al volumen de asuntos que se amontonan por las oficinas de todo el país.

Algunos de los casos más graves permanecen bloqueados ante la necesidad de construir nuevos edificios judiciales que, por una u otra razón, están parados. Es el caso de la Ciudad de la Justicia de Vigo, donde el conflicto entre el alcalde y la Xunta ha frenado en seco el proyecto.

El recrudecimiento de la crisis ha puesto también contra las cuerdas a la mayoría de los juzgados de lo Social y de lo Mercantil, sepultados en los conflictos laborales que, lejos de atemperarse, arrecian. ¿Contribuiría la puesta en marcha de una nueva demarcación judicial a aliviar esta situación? Por sí sola, no. La nueva demarcación forma parte de una reforma más profunda que incluye la creación de tasas y la reestructuración del sistema hacia una justicia más especializada, aunque no necesariamente más próxima. Los sindicatos consideran que el camino que señalan estas reformas es el de aliviar el atasco judicial por la vía de desanimar al ciudadano para que no litigue.

De momento, el nuevo y reducido mapa propuesto por el órgano de gobierno de los jueces ha provocado que algunos alcaldes y bastantes funcionarios empiecen a temer traslados y comiencen a movilizarse para proponer reformas a la propuesta judicial. La Xunta de Galicia, que es la responsable de la dotación de material y de personal, afirma no conocer oficialmente el documento y prefiere no pronunciarse de momento, hasta no conocer más detalles.

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