El fiscal superior de Galicia demanda una ley integral que regule los derechos de los discapacitados

El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, ha abogado hoy por una ley integral que regule los derechos y garantice la igualdad de oportunidades de las personas discapacitadas.

En unas jornadas sobre protección jurídica y discapacidad celebradas en Santiago de Compostela, Varela ha demandado la creación de órganos judiciales especializados en esta materia, que apliquen los principios de los protocolos internacionales, según se prevé en la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada en Nueva York en 2006 y vigente en España desde el 3 de mayo de 2008.

Varela participó esta mañana en el acto inaugural de las jornadas sobre protección jurídica y discapacidad que se celebran en la sede compostelana de la Escuela Gallega de Administración Pública (EGAP).

En este foro intervino también el director general de Justicia de la Xunta, Juan José Martín, que apostó por una Justicia que defienda los derechos de las personas con discapacidad y una Administración de Justicia que ampare la dignidad de la persona, informó el Gobierno autonómico en un comunicado.

Regulación completa de los procedimientos judiciales que afectan a las personas con discapacidad

Para el fiscal superior, la aplicación efectiva de los principios de la Convención «no puede venir más que por la vía de un cambio legislativo» y, en todo caso, de una regulación completa de los procedimientos judiciales que afectan a las personas con discapacidad.

Recordó que dicha Convención dice algo «tan sencillo y revolucionario» como que las personas con discapacidad «tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida».

Además, señaló que el documento declara «expresamente prohibida» la discriminación por razones de discapacidad.

Añadió que, de esta forma, «se sustituye el tradicional modelo asistencial y protector por el de promoción de la autonomía personal», que exige que las personas discapacitadas «puedan disponer de un sistema de apoyos que les permita el ejercicio de los derechos cuya titularidad les corresponda», precisó.

El fiscal superior reveló que el impacto de la Convención en la práctica de los órganos judiciales aúna resulta «inapreciable», y agregó que «se mantienen las posiciones tradicionales que, por otro, lado, son las que recoge la legislación».

«Lentitud y al colapso» que sufre la Administración a la hora de resolver los grados y niveles de dependencia

Por otra parte, se refirió a que la Fiscalía tiene detectado los comentarios de los asistentes sociales respecto a las dificultades que afrontan para gestionar una plaza residencial, debido en parte, indicó, «a la lentitud y al colapso» que sufre la Administración a la hora de resolver los grados y niveles de dependencia que otorgan derecho al ingreso.

Carlos Varela abogó también por la creación de órganos judiciales especializados que extiendan su competencia a uno o varios partidos judiciales, incluso con carácter provincial, y defendió la conveniencia de que se configure «un expediente único y personal» en cada caso de incapacidad.

Por último, puso especial énfasis en el intenso trabajo que realiza el Ministerio Fiscal en Galicia para dar a conocer los principios de la Convención sobre los derechos de los discapacitados, y destacó que la Fiscalía es la principal impulsora en los procesos de incapacitación en la Comunidad autónoma: en 2011 propuso 1.461 demandas de incapacidad, que representan el 82% de las presentadas y dieron lugar a la incoación de 779 expedientes de tutela.

En las jornadas celebradas hoy intervino también el director de la EGAP, Pablo Figueroa, que mostró la disposición del organismo que dirige a colaborar en jornadas como las celebradas hoy de la Fundación Gavela, y que redundan en beneficio de las personas con discapacidad, en este caso, pero también en beneficio de toda la sociedad.

---

---

---