Según el FMI y el Banco Central Europeo, en España debemos tener especial cuidado con el descontrol del gasto público en sanidad y educación que gestionan las comunidades autónomas. Se supone que los mercados nos estarían castigando por no haber reducido nuestro gasto excesivo en dichas partidas en los Presupuestos del Estado para el 2012. El Gobierno se apresuró el pasado lunes a poner encima de la mesa una reducción del gasto en esos servicios por diez mil millones de euros (siete mil en sanidad y tres mil en educación) además de medidas por el lado de los ingresos (cobrando a los usuarios).
Creo oportuno presentar al respecto una comparativa de la situación actual española en relación a otros países de la eurozona así como al indicador medio de la actual UE. Comparativa sobre lo que gastamos en sanidad o educación en relación a nuestra riqueza. Acompaño esas cifras de un indicador sobre la capacidad fiscal y recaudatoria respectiva.
En sanidad, España se sitúa en un punto de PIB por debajo del gasto medio en la UE y por debajo de todos los países importantes. Una convergencia en esfuerzo con la media europea obligaría a aumentar nuestro gasto sanitario en diez mil millones (a eso equivale un punto de PIB). En vez de caminar en esa dirección, el FMI, el BCE y el Gobierno consideran conveniente acometer una reducción de siete mil millones. Una poda con motosierra de 0,7 puntos del PIB que nos llevaría de un 6,5 % a un 5,8 %, en vez de pasar de un 6,5 % a un 7,5 % para situarnos en la media de la UE.
En el gasto educativo la situación es semejante. Si en España gastásemos en enseñanza al nivel de la media europea deberíamos aumentar el presupuesto en seis mil millones (las seis décimas que van de nuestro 4,9 % al 5,5 %), pero en vez de caminar en esa dirección la motosierra, que según el FMI y el BCE desean los mercados, nos obliga a recortar tres mil millones. Un recorte que casi nos coloca en un punto de PIB menos de gasto educativo que el conjunto de la Unión Europea (pues caeríamos del 4,9 % al 4,6 % frente a la media europea del 5,5 %). Francia y Portugal tienen cifras aun superiores a esa media.
La conclusión es que la motosierra educativa y sanitaria no se justifica por un gasto excesivo. La razón hay que buscarla en la incapacidad de la Hacienda pública española para recaudar (vía IRPF, IVA, IS, etcétera) una cifra semejante a lo que sí consiguen nuestros vecinos. Nuestro sistema fiscal deja escapar en relación a la media de la UE casi ocho puntos de PIB que se traducen en la friolera de ochenta mil millones de euros. Millones que sí estarían disponibles (para converger en gasto sanitario y educativo, en innovación y políticas de estímulo) de seguir el patrón europeo. Incluso con respecto a Portugal dejamos de recaudar cincuenta mil millones de euros.
Pero si no se actúa sobre las rentas y patrimonios que presumen de escapar (con asesorías fiscales creativas) de Hacienda por los entresijos legales y por la economía sumergida, entonces no queda más remedio que usar la motosierra contra la sanidad y la educación. Una motosierra, ahora sí, prohibida en el caso de los pagos de intereses de la deuda pública, pagos que la Comisión Europea estima que crecerán en España entre el 2010 y el 2013 en diecisiete mil millones de euros para llegar a un nivel del 2,6 % del PIB. Miles de millones que superan y se comerán los ahorros sanitarios y educativos.
El FMI y el BCE garantizan así el cobro de una suculenta tajada a inversores en la creciente deuda pública española. Que se convierte así en negocio alternativo para un sistema financiero que había colapsado y saturado el negocio de las deudas privadas.
En vez de poner en el centro de la mesa de operaciones de la salida de la crisis al sistema financiero y a nuestro anémico sistema fiscal, nos vamos a tener que creer que gastamos demasiado en sanidad y educación. Y donde el presidente promete que ahorraremos diez mil millones, ya una presidenta, más radical, sube la apuesta y llega a los cuarenta mil. En estos desvaríos todo es empezar.
Albino Prada es profesor de Economía