La trama de ayudas a la reforestación crece con nuevos casos denunciados

Cinco expedientes de Muxía podrían incrementar el fraude 300.000 euros


carballo / la voz

La trama de las subvenciones de reforestación gestionadas de un modo supuestamente fraudulento, en la que está imputado el empresario vimiancés Manuel Maceiras Hermida, no para de crecer.

A lo largo de los últimas días se han presentado otra decena de denuncias por parte de afectados del concello de Dumbría, que al igual que en los casos anteriores argumentan que ellos no firmaron autorización alguna para proceder a la plantación de los terrenos y que, además, en la inmensa mayoría de los casos no son los propietarios de las fincas que aparecen a su nombre en los expedientes.

De igual modo, señalan que las rúbricas de las declaraciones juradas, en virtud de las cuales figuran como dueños de los terrenos, tampoco fueron hechas por ellos, con lo que entienden que alguien ha falseado su identidad para tramitar las ayudas delante de la Xunta.

Junto a los casos de Dumbría, esta misma semana, un grupo de vecinos del concello de Muxía, también en la Costa da Morte, han tenido acceso a los expedientes en los que figuran como titulares de parcelas forestales.

Por el momento, los supuestos afectados están revisando la documentación para descubrir si la Xunta llegó a anular algunos de los casos en la fase de tramitación y poner los restantes en conocimiento del juez de Corcubión que investiga lo sucedido.

Solo en esta zona del concello de Muxía hay al menos cinco agrupaciones de propietarios, con más de una decena de integrantes cada una, que en caso de que se demuestre que fueron constituidas y gestionadas de manera fraudulenta sumarían otro medio centenar de personas a la lista de presuntos damnificados.

Los trabajos consignados para plantación y desbroce de esos montes oscilan entre los 50.000 y los 60.000 euros, por lo que la cantidad de dinero recibida de los fondos de ayuda al desarrollo rural podría llegar a los 300.000 euros.

Para la realización de estas labores, al superar el importe de 30.000 euros, en la mayoría de los casos ya denunciados se presentaron ofertas de tres empresas diferentes tal como marca la normativa. Dos de ellas están registradas a nombre del empresario y de su esposa mientras que la tercera, ajena a la familia, nunca ofreció el presupuesto más bajo y, por lo tanto, tampoco resultó ganadora de concurso alguno.

De esta manera, los trabajos -tanto los que efectivamente se llevaron a cabo, como los que según los afectados no llegaron a hacerse- corrían a cargo de las compañías de Maceiras.

Los pagos de esas facturas salían de varias cuentas abiertas en al menos tres entidades bancarias, en las que el propio industrial figuraba como uno de los titulares. Sin embargo, las personas que firmaban esos desembolsos aseguran que no tenían siquiera constancia de haber abierto depósito alguno en los bancos citados.

Una representación de los denunciantes puso las supuestas irregularidades en conocimiento de los máximos responsables de Medio Rural en octubre del año pasado. A través de una carta para el entonces conselleiro, Samuel Juárez, y para el director xeral, Jorge Atán, registrada el 11 de ese mes, los propietarios que descubrieron las primeras anomalías les instaron a tomar medidas antes de recurrir a la vía judicial. Además, el BNG, a través de su diputada Tareixa Paz formuló tres preguntas relativas a este asunto que aún no han tenido respuesta.

Fuentes de Medio Rural señalaron que es un asunto bajo investigación judicial, y la Xunta no hará manifestaciones públicas hasta que se resuelva. Para Gabriel López, del sindicato Fruga, este silencio «está provocando malestar entre os afectados porque dá a impresión de que queren ocultar algo».

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