El país africano rechaza que la UE le exija que respete los derechos humanos
06 feb 2012 . Actualizado a las 06:00 h.Dieciséis barcos gallegos y otros 24 del resto de España, pero que emplean a decenas de marineros de Galicia, son las víctimas de la no renovación del acuerdo pesquero que la Unión Europea (UE) mantenía con Gabón hasta el 2 de diciembre pasado y que no ha podido ser renovado por discrepancias entre las partes. Y el desacuerdo no llega por la vertiente económica. Ni por el destino de 860.000 euros anuales que aportaba la UE y que, por imperativo de Bruselas, tenían que dedicarse en un 60 % a fomentar la sostenibilidad pesquera nacional. Las diferencias entre Gabón y Bruselas residen en una única cláusula: la que exige garantías de respeto a los derechos humanos.
La comisaria de Pesca, Maria Damanaki, exige que Gabón suscriba el protocolo con esa coletilla y Libreville reaccionó airado y se negó a aceptar esa imposición, al considerar que se trata de una cuestión de soberanía en la que nada tiene que decir ni Damanaki, ni la Unión Europea (UE).
Marzo es el mes de zarpar
Esa disputa es lo que mantiene la incertidumbre sobre la actividad futura de los 16 palangreros y 24 atuneros españoles. Marzo está a la vuelta de la esquina y es en esa temporada cuando la flota que persigue a los túnidos y especies afines llega a esas aguas en busca de capturas.
Ni que decir tiene que a la comisaria Damanaki le han llovido críticas desde el sector por su actitud. Primero, porque la exigencia de esa cláusula a todos aquellos países que quieran firmar un protocolo de pesca con Bruselas figura en la comunicación sobre la dimensión exterior de la política pesquera común, todavía en negociación y no en vigor. Y segundo, porque consideran el colmo de la intransigencia que no se haya parado a pensar si Gabón respeta o no los derechos humanos o en buscar fórmulas alternativas que no supongan un obstáculo para la actividad del sector.
«Gabón es uno de los países firmantes del acuerdo de Cotonú y ese pacto incluye el deber de respetar los derechos humanos», por lo que cambiar la cláusula de la polémica por una referencia al acuerdo de Cotonú podría haber resuelto el problema, asegura Javier Garat, secretario de la Confederación Española de Pesca (Cepesca). «Si Gabón entiende que es una cuestión de soberanía, se quita la cláusula y ya está, porque ya se ha comprometido en otro sitio a respetar los derechos humanos», abunda.
Desde A Guarda, Conchi Ortega, gerente de Espaderos Guardeses, espera que Damanaki «no se salga con la suya» y el acuerdo quede en suspenso por su empecinamiento. «Mientras no se apruebe la nueva política común de pesca no puede imponer la cláusula que exige el respeto a los derechos humanos», añade Ortega.
Así las cosas, el acuerdo está en suspenso. Ocurre que en medio del proceso de negociación cambió el Gobierno de Gabón y ahora «se está a la espera de lo que dicen los nuevos mandatarios sobre la cláusula». De momento, el tiempo no apremia, demasiado, pero si la situación sigue bloqueada por mucho tiempo, la flota se verá sin un preciado caladero.