Es la primera vez que Vigilancia Penitenciaria condiciona el acceso al tercer grado a la obligación de reparar el daño causado a la sociedad
30 dic 2011 . Actualizado a las 10:19 h.El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria ha dado luz verde para que Laureano Oubiña Piñeiro sea clasificado como un recluso de tercer grado, lo que le permitirá acceder a un régimen carcelario de semilibertad.
El auto firmado por el juez José Luis Castro Antonio condiciona por primera vez la progresión de grado de un penado por tráfico de drogas al arrepentimiento expreso del reo y a que repare el daño causado a la sociedad, colaborando en actividades dirigidas a la reinserción y a la rehabilitación social de drogodependientes durante el tiempo que dure su condición de preso en tercer grado y el período de libertad condicional.
El juez resuelve así el recurso de queja presentado por uno de los abogados de Oubiña contra el acuerdo de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del 10 de marzo de este año con el que se mantenía el régimen de segundo grado.
El acuerdo fue adoptado en contra del criterio de la Fiscalía Antidroga. Castro Antonio argumenta su decisión explicando que ha tenido en cuenta el avanzado estado de cumplimiento de las distintas condenas impuestas a Laureano Oubiña -que acabará de cumplir íntegramente el 17 de julio del año próximo-, el apoyo familiar, la existencia de «una oferta laboral contrastada» y la ausencia de adicciones.
También ha tenido en cuenta que haya disfrutado de varios permisos de salida sin incidencia negativa alguna, la asunción de su responsabilidad sobre los hechos, «en tanto que reconoce el daño causado por los delitos cometidos y no tiene inconveniente en repararlos». Precisa el auto que su responsabilidad social «se diluye al no existir víctimas concretas». Por todo ello insta a la junta de tratamiento de la prisión donde actualmente cumple su condena -la de Dueñas, en Palencia- a que le imponga la obligación de acudir, «en los plazos que se indiquen, a una organización de personas desfavorecidas o con un problema de drogodependencia».
La organización con la que habrá de colaborar será la que concreten los servicios sociales penitenciarios «atendiendo a las circunstancias laborales y familiares del penado, que permita al interno continuar con el proceso de introspección personal y de la asunción del daño que causa el tráfico de droga».
Los términos en los que está redactado el auto no implican que Laureano Oubiña cambie automáticamente el régimen carcelario en el que se encuentra desde hace 11 años. El auto, que lleva fecha del pasado martes, una vez notificado, da un plazo de tres días para ser recurrido en reforma y cinco en apelación. Una vez que sea firme, los servicios sociales de la prisión tendrán que encontrar una organización que acepte su colaboración.