El agente habría quebrantado alguna de las medidas cautelares impuestas por la instructora del caso.
27 dic 2011 . Actualizado a las 20:28 h.El cabo de la Guardia Civil imputado en la causa de la llamada Operación Carioca, A.L.T, ha vuelto a ser detenido por orden de la autoridad judicial. El hecho se ha producido sólo unos días después de que la Audiencia Provincial de Lugo decidiese levantarle la prohibición impuesta por la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de la capital lucense, Pilar de Lara, de residir o entrar en Galicia.
Aunque no ha trascendido información alguna sobre esta nueva detención por los canales oficiales, fuentes próximas a la investigación aseguraron que el cabo, uno de los principales imputados de la Carioca, fue detenido en las últimas horas, supuestamente por quebrantamiento de alguna de las medidas cautelares impuestas por la instructora.
Las mismas fuentes confirmaron que la instructora volvió a dejarlo en libertad después de tomarle declaración. El cabo, que actualmente se encuentra en la reserva, permaneció durante meses en prisión, en el Centro Penitenciario de Monterroso (Lugo), y cuando fue excarcelado, la jueza Pilar de Lara le impuso severas medidas cautelares, como la prohibición de residir en Galicia o la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial.
Ante esas medidas cautelares, el guardia civil fijó su domicilio en el occidente asturiano, cerca de Ribadeo, pero recientemente el abogado que lo representa le solicitó a la Audiencia Provincial de Lugo que le permitiese residir en Galicia. Finalmente, la sección segunda de la Audiencia Provincial atendió su petición y, en un auto, fijó su residencia en el ayuntamiento lucense de O Incio, de cuyo término municipal no podría salir salvo para acudir a consultas médicas y «previa comunicación al juzgado instructor».
Archivadas
Por otra parte, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Lugo ha archivado las diligencias previas abiertas para investigar las filtraciones sobre la Operación Carioca, que ha destapado la existencia de una supuesta trama de prostitución en la que estarían implicados agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, cuando la causa estaba bajo secreto de sumario.
Las diligencias previas fueron abiertas a raíz de la denuncia que presentó ante el citado juzgado uno de los imputados en la causa, porque consideraba que las informaciones publicadas por diversos medios de comunicación sobre su supuesta implicación en la trama, no sólo vulneraban «su derecho al honor y a la presunción de inocencia», sino que «podían implicar la existencia de un delito de revelación de secretos judiciales».