El Gobierno achaca al Sergas los retrasos en recibir la tarjeta sanitaria y Sanidade lo niega

El Ministerio de Trabajo recuerda que las comunidades autónomas pueden firmar convenios con el Instituto Nacional de la Seguridad Social para agilizar los trámites y que Galicia no lo ha hecho.


El Ministerio de Trabajo ha recordado hoy que la ley general de Salud Pública garantiza la asistencia sanitaria a los parados aunque éstos hayan agotado la prestación por desempleo.

La citada ley entrará plenamente en vigor el próximo 1 de enero, aunque las comunidades autónomas pueden firmar convenios con el Instituto Nacional de la Seguridad Social para agilizar los trámites, ha recordado el Ministerio de Trabajo.

El Ministerio ha recordado que el Servicio Galego de Saúde no ha solicitado al Instituto Nacional de la Seguridad Social ese convenio que evitaría retrasos a los residentes en Galicia.

Desde la Consellería de Sanidade niega este extremo desmintiendo cualquier información en este sentido. La conselleira de Sanidad, Pilar Farjas, aseguró hoy que el Servicio Gallego de Salud ha adelantado en cuatro meses y «de oficio» la garantía de cobertura y atención sanitaria a parados de larga duración y personas sin recursos.

Una orden del pasado 5 de septiembre establece esta medida pues, según la Ley de Salud Pública estatal, esta garantía se prevé a partir del 1 de enero de 2012, concretó.

La aclaración del Ministerio de Trabajo se produce después de que los socialistas hayan denunciado a varios gobiernos regionales por dejar sin atención sanitaria a los parados cuando dejan de recibir la prestación por desempleo.

La ley General de Salud Pública garantiza la universalización de la sanidad pública, lo que incluye a los parados que han agotado su prestación, ha recordado el Ministerio de Trabajo, que ha observado además que las comunidades autónomas pueden firmar convenios con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para acceder a su base de datos y evitar demoras a los usuarios del servicio.

La Ley General de Salud Pública extiende la asistencia sanitaria pública a residentes en territorio nacional a los que no se les reconocía este derecho en aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico.

Se trata de unas 300.000 personas que, por diferentes motivos, permanecían fuera de la sanidad pública en España, una cifra que incluye tanto parados que ya han agotado la prestación o el subsidio de desempleo como determinados colectivos, por abogados o arquitectos.

La ley establece que la extensión de este derecho para los que han agotado la prestación sea efectiva a partir del 1 de enero de 2012 y, para el resto de colectivos, el Gobierno tendrá que elaborar un reglamento específico con los términos y las condiciones de la extensión del derecho para quienes ejerzan una actividad por cuenta propia.

Para evitar desplazamientos a los ciudadanos y reducir a un solo trámite la obtención de la nueva tarjeta sanitaria a los parados que han agotado la prestación, las Comunidades Autónomas pueden firmar convenios de colaboración con la Seguridad Social, ha recordado el Ministerio.

El objetivo de estos convenios es dar acceso a las comunidades a las bases de datos de la Seguridad Social para comprobar el número de Seguridad Social que acredita a los ciudadanos como sujetos del derecho a la asistencia sanitaria.

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