La Xunta dice que garantiza el derecho de los gallegos a la asistencia sanitaria, «tanto si trabajan como si no»

Responde a las críticas de la oposición, que la acusa de dejar sin tarjeta a personas sin recursos y parados.


El portavoz de Sanidade del grupo parlamentario del PPdeG, Miguel Santalices, ha salido al paso de las acusaciones de la oposición socialista y nacionalista sobre la denegación del acceso a la atención médica a personas sin recursos y parados.

Según Santalices, la Xunta garantiza el derecho de los «ciudadanos gallegos» a la asistencia sanitaria, «tanto si trabajan como si no».

El diputado del PPdeG explica que el denóminado y controvertido Código 29 para los gallegos residentes en la Comunidad autónoma es la forma en la que la Consellería de Sanidade cumple con una directiva emitida por el Ministerio de Sanidad a requerimiento de la Unión Europea para luchar contra el fraude.

En un comunicado, Santalices apunta que cerca de 1.000 personas han solicitado ya acogerse al Código 29 que reconoce el derecho a la asistencia sanitaria por parte de las personas sin recursos económicos suficientes y de aquellas que se encuentran en situación de desempleo.

Por su parte, el secretario de Sanidade del PSdeG, Miguel Ángel Fernández, ha denunciado las «mentiras e hipocresías» del Ejecutivo gallego tras hacerse público hoy el caso de una mujer «a la que le denegaron el acceso a la consulta médica y asistencia farmacéutica por ser una desempleada de larga duración y no tener recursos».

Fernández ha pedido la dimisión de la conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, «por romper la equidad del sistema sanitario público», señala en un comunicado.

También la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública ha denunciado que las medidas adoptadas por la Xunta supondrá que los pacientes que requieran una prótesis, silla de ruedas u otros dispositivos para caminar deberán comprarlos y, posteriormente, pedir al Sergas su reintegro.

Esos pacientes «deberán pagar ellos mismos cuando los reciban en los centros sanitarios o en establecimientos ortoprotésicos y posteriormente reclamar su reintegro al Sergas», indica una comunicado la citada asociación. Apunta que «la solicitud podrá o no ser satisfecha por la Administración en función de la disponibilidad económica», por lo que considera que las nuevas medidas suponen un «nuevo recorte al derecho a la atención sanitaria en Galicia».

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