La entrada de agentes judiciales esta semana en el servicio de Vías e Obras de la Diputación de Lugo y en los concellos de Muras, Cospeito, O Vicedo y Ourol no ha hecho más que comenzar.
13 nov 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La entrada de agentes judiciales esta semana en el servicio de Vías e Obras de la Diputación de Lugo y en los concellos de Muras, Cospeito, O Vicedo y Ourol para incautar documentos de proyectos y programas de obras provinciales entre los años 2006 y 2008 no ha hecho más que comenzar.
Está previsto que a lo largo de este mes los policías judiciales entren en otros 27 ayuntamientos en la búsqueda de expedientes de obras de todo tipo (conservación, mejora y acondicionamiento de vías) con el fin de aclarar si se confirman los indicios de delito que tienen tanto la responsable del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, como el fiscal. Tratan de averiguar si son ciertas las declaraciones que efectuó en el juzgado el ingeniero de vías José Antonio Mondelo, cuando señaló que algunos alcaldes le pedían que inflase el precio de los proyectos de obras.
Los agentes judiciales tienen orden de pedir documentación de hasta 17 proyectos y programas provinciales, 12 de ellos de la época en la que presidía la Diputación el popular Francisco Cacharro y el resto referidos a programas de mantenimiento del 2008. Al ser una macroinvestigación que afecta a 31 concellos, el caso -conocido como operación Rey- se ha repartido por los juzgados comarcales. Los agentes visitarán los concellos de Xermade, Vilalba, Guitiriz, Rábade, Begonte y Castro de Rei (dependiente del juzgado vilalbés); A Fonsagrada, Baleira, Negueira de Muñiz, Ribeira de Piquín y Navia de Suarna (juzgado fonsagradino); Ribadeo, Trabada, A Pontenova, Meira, Barreiros, Lourenzá, Mondoñedo, Riotorto, A Pastoriza, Pol, Valadouro, Foz y Alfoz (juzgado de Mondoñedo); y Viveiro, Cervo y Xove (juzgado viveirense).
Los alcaldes, sorprendidos
Algunos de los alcaldes consultados señalaron ayer su extrañeza por estos hechos. El regidor de Muras, Issam Alnagm, señaló acerca de la visita de la policía a su consistorio el pasado viernes: «Tuvimos una charla amigable y les dimos los contratos de obras que nos pidieron. Solo espero que se aclare todo». El alcalde de Vilalba, Gerardo Criado, indicó que por el momento no tenía constancia oficial de una posible visita de la policía. «Se veñen, colaboración, faltaría máis», indicó.
Por su parte, los alcaldes mariñanos consultados sobre la macroinvestigación abierta en torno a proyectos de conservación de carreteras en la provincia optan por la prudencia. Es el caso del popular Alfonso Villares y el nacionalista Fernando Suárez, alcaldes de Cervo y Ribadeo respectivamente. Ambos aseguraron haber conocido la noticia por La Voz, y no tener constancia de que los juzgados puedan estar investigando obras referidas a sus concellos. No han recibido comunicaciones judiciales en las dependencias municipales reclamando documentación, ni tampoco la visita de agentes para confiscar expedientes. «Os xuíces terán que mirar o que teñan que mirar, pero non sei a qué obras se poden referir», dijo el regidor de Cervo. Y en la misma línea se manifestó Suárez desde Ribadeo. «Descoñezo o tema, as relacións que temos coa Deputación son as de todos os concellos», dijo.