Esta ley establece que se podrá establecer un procedimiento para repercutir en los usuarios los gastos ocasionados como consecuencia del uso irresponsable de las prestaciones asistenciales.
09 nov 2011 . Actualizado a las 16:12 h.La Consellería de Sanidade ha asegurado hoy que el decreto publicado ayer en el Diario Oficial de Galicia que regula las tarifas a terceros obligados al pago de servicios sanitarios prestados en el Sergas está amparado por la Ley de Salud de Galicia del año 2008.
Según apunta Sanidade en un comunicado, esta ley establece que se podrá establecer un procedimiento para repercutir en los usuarios los gastos ocasionados como consecuencia del uso irresponsable de las prestaciones asistenciales do sistema público de salud de Galicia.
El departamento que dirige Pilar Farjas responde de este modo a la denuncia ayer de secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, que afirmó que la Xunta «va a cobrarle a los ciudadanos por el mal uso de la Sanidade pública», según su opinión sobre el decreto publicada ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de tarifas de servicios sanitarios del Sergas.
Sanidade sostiene que esta cuestión está recogida en la ley aprobada en 2008, por lo que «no supone ninguna novedad legislativa».
El departamento de la Xunta explica que sería de aplicación en casos de fraude, cuando un trabajador activo utiliza la receta farmacéutica utilizando la tarjeta sanitaria de una persona jubilada o cuando un asegurado de una mutua con derecho a elegir entre la aseguradora privada o Sanidade pública elige la privada y utiliza irregularmente los servicios públicos.
Sanidade afirma que se han producido casos con usuarios de Muface, Mugeju e Isfas, entre otros.
También asegura que se puede aplicar a personas que acudiesen a un centro de salud y dañasen el mobiliario y se produjesen lesiones que tuvieran que ser tratadas en el sistema público.
Sanidade considera «sorprendente que los partidos de la oposición manifiesten su apoyo al uso irregular de la Sanidade pública».
Por otra parte, Sanidade defiende que está cumpliendo la directiva de la Unión Europea, trasladada por el Ministerio de Sanidade en julio, para luchar contra el fraude por el que ciudadanos extranjeros «con recursos económicos en su país» puedan acceder al sistema sanitario de modo irregular, ya que para ellos existen otras vías de asistencia estipuladas en convenios internacionales y que permite que España recupere el coste de esta asistencia.
El departamento autonómico argumenta que otras comunidades autónomas han aprobado también una orden para dar respuesta a la problemática derivada del uso fraudulento del sistema sanitario.
La Xunta sostiene que en esta regulación utiliza la definición «residencia habitual» instaurada por el Gobierno a través de la web del Ministerio de Economía y Hacenda, en la que se recoge que para ella es preciso residir 183 días en territorio del Estado.
Es la Seguridad Social el organismo que reconoce el derecho a la asistencia sanitaria, mientras que las comunidades autónomas son las que acreditan el derecho mediante las tarjetas sanitarias, según apunta Sanidade.
La Consellería apunta, además, que esta medida legislativa también está dirigida a «proteger» a los trabajadores desempleados, a los que la orden de Sanidade «les facilita y garantiza» que tengan derecho de forma continuada a la asistencia sanitaria pública sin tener que estar tramitando el reconocimiento cada vez que vuelven a trabajar.