El decreto de la Xunta establecerá las condiciones generales que rigen los furanchos, pero el control pasa de nuevo a manos de los concellos, como antes de la regulación aprobada por el bipartito. Los ayuntamientos tendrán que aprobar una ordenanza específica, realizar las labores de inspección e imponer las sanciones correspondientes a quien incumpla la normativa
Si la Xunta limita a 21 municipios la posibilidad de abrir furanchos, cada ayuntamiento podrá a su vez limitar esta actividad a zonas determinadas, las que cuenten con tradición.
Cada concello elaborará un registro de furanchos y diseñará una placa para identificarlos, con el nombre del bodeguero y el número de registro. El decreto de la Xunta recoge que el furancheiro exhibirá obligatoriamente esta placa, acompañada por un ramo de loureiro.
Se mantiene la obligación de concertar un seguro, velar por el mantenimiento de la bodega y garantizar un trato correcto.
Si el ayuntamiento, en su labor inspectora, detecta incumplimientos, ha de comunicárselo a la Xunta. Así, si un furancheiro ofrece tapas que no fueron acordadas, vende licores o vino embotellado; abre fuera de los plazos establecidos (de diciembre a junio, un máximo de 3 meses, si bien la federación pide que se amplíe hasta agosto) o se detecta que ofrece vino que no es de su propia cosecha, será sancionado.
Una vez que el decreto sea aprobado, el bodeguero que cumpla con todas las condiciones podrá pedir a la consellería que le de de baja como hostelero para ingresar como furancheiro.