En Compostela, uno de los portavoces de la plataforma, en declaraciones a Efe, afirmó: «Reformar la Constitución sin un referendo nos parece un delito».
29 ago 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Centenares de personas de todas las edades acudieron ayer a las ocho de la tarde a las concentraciones convocadas por la plataforma Democracia Real Ya -uno de los colectivos que dieron lugar al movimiento de los indignados- en A Coruña, Santiago, Vigo, Lugo y Pontevedra. Los presentes sujetaban pancartas con inscripciones como «Eu si decido». En Compostela, uno de los portavoces de la plataforma, en declaraciones a Efe, afirmó: «Reformar la Constitución sin un referendo nos parece un delito». En Sol (Vigo) se reunieron algo más de cien personas, con letreros similares.
Las manifestaciones -que también se celebraron en otros muchos puntos de España- tenían como objetivo solicitar un referendo vinculante sobre la reforma de la Constitución pactada entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy. Así, hay ciertos puntos sobre los que Democracia Real Ya considera que se debe centrar el análisis del artículo 135 de la Constitución, «por su especial gravedad».
De un modo sucinto, sus argumentos -expuestos en el manifiesto leído en las concentraciones- son los siguientes: relacionado con la cuestión del techo de gasto, alegan que limitar el déficit limita también la capacidad de financiación del Estado y con ello, sobre todo, los gastos sociales. Por otra parte, aseguran que, con el nuevo artículo 135, cuando un municipio, diputación, comunidad o el Estado central esté en una situación difícil, «se priorizará y beneficiará a los bancos». La imposibilidad de negociar en ciertas situaciones que, afirman, supone esta reforma, implica «la paralización inmediata del Estado en pro del pago a la banca».
La conclusión de Democracia Real Ya radica en que la aplicación de ese nuevo artículo conlleva «la abolición de la Constitución». «Desde Democracia Real Ya reiteramos que no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. La reforma constitucional propuesta por PP y PSOE supone un golpe de Estado encubierto que dejaría indefenso al país en manos de los poderes financieros internacionales y que tendría como consecuencia el desmantelamiento de las garantías sociales, la base de nuestra actual Constitución».
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