El adelanto electoral deja en segundo plano la asfixia de las comunidades
01 ago 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Zapatero no solo ha adelantado las elecciones, sino que ha anunciado esa decisión dos meses antes de la fecha en la que debería disolver las Cortes para que los comicios fueran en noviembre. La consecuencia va a ser una interminable campaña electoral que va a sacar del foco de atención asuntos que requieren una solución urgente. Mientras Rajoy y Rubalcaba van a entrar en un continuo «y tú más», el problema más acuciante del país en este momento es la asfixia económica de unas comunidades al borde de la quiebra y a las que nadie ofrece ayuda.
El asunto es en realidad tan grave que no solo pone en peligro la estabilidad económica de España, sino que alcanza dimensión europea. El mundo entero tiembla ante la posibilidad de que un país como Irlanda entre en suspensión de pagos. Pero nadie parece reparar en que una sola autonomía española como Andalucía prácticamente dobla en población a Irlanda.
Pese a esas luces de alarma, la estrategia del Gobierno de dar la espalda a los problemas de las comunidades, en su mayoría gobernadas por el PP, quedó clara en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado miércoles. Frente a la demanda unánime de las autonomías de que se aplace el pago de las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009, el Gobierno contestó con una nueva negativa.
Repartir las culpas
Todo indica que el Ejecutivo, lanzado ya en campaña electoral, pretende que la penuria económica de las autonomías se haga todavía más evidente para repartir así la culpas sobre el despilfarro y la imprevisión ante la crisis. El plan puede ser políticamente rentable para el Gobierno, pero tiene un altísimo riesgo. Los mercados dan por supuesto que antes de que una autonomía española entre en suspensión de pagos el Estado se haría cargo de sus deudas. Y si eso se empieza a dar por hecho, no sería raro que acabara siendo España la que necesitara un rescate.
El problema para el PP es que en el consejo quedó claro que Rajoy no tiene engrasada todavía la maquinaria para que todas las autonomías del PP actúen con una sola voz como contrapoder del Gobierno central. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, se sacó de la manga una oferta para que el ICO financie la mitad de lo que las autonomías deben devolver al Estado. Y mientras Galicia y alguna otra comunidad denunciaron de inmediato la estratagema del Ejecutivo, otras autonomías del PP mordieron el anzuelo y se mostraron encantadas con una medida que es pan para hoy y hambre para mañana. Rajoy cuenta con que después del 20-N podrá solucionar el problema ya que tendrá en su mano casi todo el poder estatal, autonómico y municipal. Pero cuatro meses pueden ser demasiados para impedir que estalle la bomba autonómica.