La resistencia de Hacienda a atender las demandas autonómicas ha soliviantado a las comunidades. Las criticas al Gobierno arreciaron ayer desde todas las autonomías, con independencia del signo político de sus gestores. A la ofensiva se sumó el presidente de Andalucía, el socialista Griñán, que secundó la tesis de que el problema creado con la devolución de las liquidaciones negativas por los anticipos del Estado no procede de que las comunidades hayan gastado de más, «sino que el Gobierno calculó mal lo que tenía que dar a las regiones, al calcularlo en exceso».
La Generalitat catalana va más allá. Su consejero de Economía, Andreu Mas-Collel (CiU), acusó al Ejecutivo de Zapatero de quedarse con las mejores cartas para reducir el déficit global y dejar el resto a las comunidades, lo que crea un «sentimiento de insatisfacción» en los Gobiernos autónomos. «No estamos igualando las posibilidades de que los esfuerzos de las diferentes Administraciones tengan el mismo resultado», denunció. Cataluña, que se quedará sin 1.500 millones del Fondo de Competitividad, suscribe así una idea en línea con la queja de Feijoo de que «se pide que as comunidades financien ao Goberno de España». Cataluña es una de esas comunidades que podría entrar en ese riesgo de «colapso financiero» del que alerta el presidente de la Xunta.
La situación también preocupa en Canarias, cuyo Gobierno pide un trato diferenciado para elevar su capacidad de endeudamiento y que no se penalice con una regla lineal a las comunidades que se esfuerzan para tener un déficit más bajo frente a las que que no cumplen. El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel (PP), habló incluso de devolver competencias al Estado, opción que Feijoo rechaza para Galicia.
Entre las once comunidades con Gobiernos del PP, Galicia compartió el discurso más beligerante con Madrid. Esperanza Aguirre, requirió los 1.000 millones del Fondo de Competitividad, y reprochó que el sistema de financiación «se ha creado para favorecer a las comunidades que le interesa al Gobierno y perjudicar a otras».
Ajena a los lamentos autonómicos, la vicepresidenta económica del Gobierno defendió que fue un «buen» Consejo de Política Fiscal. Elena Salgado se felicitó de que «la sangre no llegó al río, aunque alguno lo esperaba». Desde el PSdeG, María José Caride juzgó «desleal» que Feijoo intente «endosar» su responsabilidad al Gobierno. Recordó que la Xunta presupuestó los 243 millones del Fondo de Cooperación pese a que sabía que Hacienda no lo liquidaría.