Galicia defiende que aplazar el reintegro de la deuda no afectaría al déficit del Estado
GALICIA
Trasladará a Hacienda que su petición no amenaza los compromisos con Bruselas.
26 jul 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La propuesta que el Ejecutivo de Feijoo trasladará mañana al Ministerio de Hacienda, en la decisiva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para aplazar la deuda contraída por Galicia con el Estado no pone en peligro el déficit estatal y es compatible con la senda de consolidación presupuestaria comprometida por el Gobierno de España ante la UE. Esta es la conclusión de un informe elaborado por Facenda que fundamentará la nueva petición de la conselleira Marta Fernández Currás para que el departamento que dirige Elena Salgado amplíe a diez años el plazo de cinco para devolver al Estado los 2.600 millones de euros que transfirió de más a Galicia en los ejercicios 2008 y 2009.
El informe sobre un escenario que, si Hacienda no muda su criterio, hipotecará 500 millones al año de las cuentas de la Xunta hasta el 2016, establece que esa ampliación del plazo de devolución no afectaría al déficit ni al límite de gasto individual del Estado, comunidades autónomas y entidades locales, ni tampoco al consolidado de las Administraciones públicas. Facenda admite, en cambio, que la extensión del reintegro a diez años sí tendrá incidencia en el endeudamiento neto individual del Estado, las comunidades y las entidades locales, aunque no al consolidado. De este modo, la posición neta deudora de las Administraciones públicas no se modificaría, ya que el incremento del endeudamiento del Estado se compensaría con la rebaja del de las comunidades.
Oxígeno para prestar servicios
La tesis que, en definitiva, Currás planteará mañana a Salgado es que el Estado eleve su techo de endeudamiento para liberar de esa obligación a las autonomías, de forma que encuentren en el aplazamiento de la devolución una bolsa de oxígeno que evite la asfixia financiera y garantice los servicios básicos.
El lastre de las liquidaciones negativas para la contabilidad autonómica es colosal. Los excesos en las transferencias del Estado de los ejercicios 2008 y 2009 suponen una factura de 26.500 millones para las comunidades y unos 7.000 para las entidades locales. La Xunta achaca esta hipoteca a la mala previsión de ingresos del Gobierno de Zapatero, por lo que esgrime que corresponde al Estado resolver el problema que ha creado. Galicia, que en este ejercicio abonó 115 de los 2.600 millones que adeuda por este concepto, ya planteó sin éxito un aplazamiento que en el otoño pasado secundaron en Santiago comunidades con Gobiernos de distinto signo político, como Cataluña, Castilla y León, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares y Cantabria.
El informe de Currás aduce que un endeudamiento de las comunidades provocado por la devolución de las liquidaciones negativas no sería bien visto por los mercados, lo que redundaría en un mayor descrédito del gasto autonómico y una «elevación de la prima de riesgo de España». Facenda insiste en que lo que está en juego es la sostenibilidad del Estado de bienestar.