El regidor guardaba en un cajón dos multas de tráfico de un amigo
31 mar 2011 . Actualizado a las 10:18 h.Los cuatro empleados municipales que declararon ayer en el cuartel de la Policía Nacional en A Coruña en el marco de la operación Orquesta conocieron allí los cargos de los que se les acusa. De los cuatro, tres son funcionarios -y personas apreciadas en el municipio que jamás habían tenido problema alguno con la Justicia-: la secretaria, Rocío Hermida; una administrativa, Concepción Outes; y un policía local, Gonzalo Castelo, todos ellos representados por el letrado Jorge Vázquez.
La cuarta persona que declaró ayer fue Pilar Iglesias, jefa de gabinete del alcalde, Ramón Vigo Sambade, también sin antecedente alguno.
A la secretaria y la administrativa de Cee el juez las acusa de tráfico de influencias; al policía local, de prevaricación; y a la jefa de gabinete del regidor, de malversación de fondos.
Quien más tiempo declaró fue la secretaria, durante tres horas y cuarto. Se le preguntó repetidamente por la adjudicación de varias obras y su papel en esta. Habría explicado que ella carece de capacidad de decisión a la hora de dar una obra a una empresa. De hecho, ella misma firmó numerosos informes desfavorables a varias adjudicaciones, al igual que la interventora, por diversos motivos. En sus preguntas, los agentes insistieron en si el alcalde había mostrado mucho interés en que las actuaciones en cuestión acabasen en manos de la empresa de Daniel Ogando. Al parecer, Hermida apuntó que podría existir interés en ese sentido, pero no inculpó al regidor ni confirmó ese extremo.
Facturas manuscritas
Por su parte, Concha Outes se limitó a explicar que, desde 1981, sus funciones son, entre otras y por orden del alcalde, enviar correos electrónicos y otras comunicaciones, también a empresarios. Existe una llamada intervenida a la constructora en la que la funcionaria se limitaría a recordar a la empresa que debía presentar una documentación.
Por otra parte, las preguntas a la jefa de gabinete se centraron en la gestión de las fiestas. Existen facturas manuscritas por cantidades importantes relacionadas con pagos de las fiestas de A Xunqueira que escaparían a todo control fiscal.
Finalmente, el policía local se habría limitado a subir al despacho del alcalde, a petición de este, dos multas de un amigo del regidor puestas por la Guardia Civil y tramitadas por la Policía Local. Esa petición, explicó, la realizó por obediencia debida sin que le constara ninguna ilegalidad. Presuntamente el regidor trataría de anularlas.
Hoy declaran el arquitecto de Fisterra, Manuel Carro, y el secretario. José Ramón Lema. Mañana, el teniente de alcalde de Mazaricos, Manuel Rodríguez; el arquitecto Orlando González; y un constructor local.