El objetivo es alcanzar acuerdos por los que los imputados asuman cargos y condenas, y a cambio se beneficien de algún tipo de rebaja.
17 mar 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La Fiscalía de Pontevedra ha comenzado a mantener encuentros con buena parte de la treintena de acusados de una de las mayores operaciones contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico llevadas a cabo en las Rías Baixas. El objetivo es alcanzar acuerdos por los que los imputados asuman cargos y condenas, y a cambio se beneficien de algún tipo de rebaja.
Todas las fuentes consultadas señalaron que los encuentros acaban de empezar, toda vez que el sumario de la operación Cormorán llegó a mediados de febrero a la Audiencia.
Una de las premisas que no admite ningún tipo de discusión para la Fiscalía pontevedresa es el embargo de los bienes decomisados en este operativo contra una red que se cree que pudo blanquear doce millones de euros. La pretensión del ministerio público es que las viviendas, joyas, dinero en cuentas corrientes, antigüedades y vehículos pasen definitivamente al Fondo de Bienes Decomisados del Plan Nacional sobre Drogas.
Este es el camino que ya se ha seguido con los dos millones de euros que el fugado abogado pontevedrés Manuel Franco Argibay depositó como fianza para abandonar el centro penitenciario de A Lama donde permanecía en prisión provisional.
La operación Cormorán fue una investigación pionera en Galicia que marcó el camino a seguir por otros operativos similares. Las detenciones se desarrollaron en dos fases, la primera en diciembre del 2004 y la segunda en junio del año siguiente, y en las mismas fueron detenidas más de una treintena de personas, entre las que se encontraba el citado abogado pontevedrés; el administrador y el apoderado de Arte y Naturaleza -una empresa de inversiones similar a Afinsa o Fórum Filatélico-; y José Antonio Pouso Rivas, Pelopincho, quien recientemente ha abandonado la cárcel, si bien tiene que personarse periódicamente en un juzgado.
Penas solicitadas
Los encausados, y a falta de que se llegue a algún tipo de acuerdo de conformidad, se enfrentan a solicitudes de penas que van de los cuatro años de cárcel a los seis que se piden para los considerados tres principales encausados, los propios Franco Argibay y Pelopincho, y el definido como «hombre de entera confianza» de este último, Benito Suárez Bouzón.