El ministerio dará marcha atrás si el Sergas hace una propuesta que lo convenza

la voz

La Consellería de Sanidade reitera su compromiso de diálogo siempre que el Gobierno central retire el recurso contra el catálogo priorizado de fármacos interpuesto ante el Tribunal Constitucional (TC), y que ya ha sido admitido a trámite. Y el Ministerio de Sanidad solo retirará el recurso cuando Galicia presente una propuesta que cumpla las exigencias solicitadas desde Madrid y explique el procedimiento para llevarlas a cabo. Es decir, las Administraciones central y autonómica han llegado a un punto muerto en su negociación sobre el listado de medicamentos implantado en Galicia y que ya ha sido suspendido por el Constitucional.

Los técnicos de ambos departamentos se reunieron ayer en Santiago -por parte del ministerio asistió también un abogado del Estado- para intentar negociar una salida al catálogo. La cita terminó con un estancamiento. Por parte de la Xunta sostienen que no ha habido ninguna propuesta de Madrid y que desde el ministerio se insiste en que son suficientes las medidas de ahorro planteadas hasta ahora por Leire Pajín.

Aseguran que Madrid mostró, además, su preocupación por las repercusiones del catálogo gallego en el sector farmacéutico y en los laboratorios, e insistió en que Galicia debe retirar los artículos del 1 al 4 de la ley para llegar a un acuerdo. La Xunta, por su parte, dialogará siempre que se retire el recurso ante el TC.

Nueva reunión, en días

Fuentes del ministerio apuntan a que no ha habido acuerdo y que no retirarán el recurso hasta que Galicia «presente una propuesta que cumpla con lo pedido y el procedimiento para llevarlo a cabo». Para demostrar el interés en seguir negociando, el Gobierno central ya ha planteado una nueva reunión, en este caso en Madrid la próxima semana.

Desde el Sergas mantienen, sin embargo, que no se trata de una cuestión jurídica sino de voluntad política, y que exigir la retirada de los cuatro artículos de la ley gallega es exigir directamente la retirada de la ley. En un principio, la duda jurídica del ministerio era si todos los medicamentos del nomenclátor del Sistema Nacional de Salud estarían financiados, algo a lo que se comprometió a recoger explícitamente el Sergas en la ley aprobada el pasado mes de diciembre.

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