Farjas exige la retirada del recurso contra el catálogo para negociar

Invita a Madrid a adoptar una ley similar para ahorrar 1.500 millones


santiago / la voz

El Gobierno gallego reiteró ayer su disposición a mantener una negociación con el Ministerio de Sanidad en torno a la ley de racionalización del gasto farmacéutico, mediante la cual se creó el catálogo priorizado de medicamentos en Galicia, pero condiciona esta vía a que el Ejecutivo central retire el recurso de inconstitucionalidad que paraliza su aplicación. Así lo expresó ayer la conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, en una comparecencia ante el Parlamento, donde llegó a emplazar a la ministra Leire Pajín a que aplique una norma similar a la gallega para toda España, pues permitiría, dijo, «aforrar máis de 1.500 millóns de euros cada ano».

La comparecencia de Farjas se produjo solo unas horas antes de que un equipo de asesores jurídicos del ministerio se reunieran ayer en Santiago con técnicos de la consellería para hablar del recurso. La responsable de Sanidade no pasó por alto la cita y advirtió de que en las negociaciones abiertas en torno al catálogo priorizado «só cabe unha cousa: a retirada do recurso». Y añadió: «Espero que esa sexa a resposta que traian os representantes do ministerio».

Farjas se cargó de argumentos para defender la ley promulgada en diciembre por la Cámara gallega, aplicada desde enero, aduciendo que en el mes de febrero logró recortar en 8,4 millones de euros el gasto farmacéutico de la Xunta en relación al mismo mes del 2010, lo que representa un recorte del 11%.

Negó, asimismo, que en el período de vigencia del catálogo se registraran problemas, pues los médicos «comprenderon», dijo, la apuesta del Sergas y llegaron a realizar más de 1,6 millones de dispensaciones sanitarias, cambiando hasta 350.000 tratamientos a pacientes, por lo que emplazó al Ministerio de Sanidad a promover una normativa similar para todas las comunidades, pues aligeraría el gasto farmacéutico en España.

«Matonería política»

Distinta lectura hicieron los grupos de la oposición. Mientras el popular Miguel Santalices acusó al Gobierno central de practicar «matonería política» y de «sacar a navalla» contra Galicia al interponer un recurso que, en su opinión, nunca se le interpondría a Cataluña, el socialista Modesto Pose celebró que gracias a la intervención de Madrid «os galegos teñen as mesmas condicións que o resto dos cidadáns do Estado». Pose reiteró que la Xunta carece de competencias para promover un catálogo propio y, contra la opinión de la conselleira, sí destacó que hubo problemas en la aplicación de la ley.

La nacionalista Ana Luísa Bouza, cuyo grupo respaldó al PP con la ley, cuestionó que la Xunta no tuviera «un plan B» para actuar ante un recurso del Gobierno central, que no dudó en calificar de «político» y que también evidencia, dijo, un «fracaso» del Ejecutivo autónomo.

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