Es un clamor. Casi nueve de cada diez gallegos (el 88%) consideran que los políticos deberían hacer público su patrimonio una vez que saltan a la escena pública y una vez que la abandonan. La falta de un reglamento en Galicia que transparente los bienes de los cargos electos y que evite enriquecimientos desproporcionados mientras desarrollan esta labor es reprobada abiertamente por el conjunto de la sociedad gallega, que aboga así por modelos como los adoptados en Castilla-La Mancha, Extremadura o Andalucía, comunidades que han establecido la obligación de presentar una declaración pública de bienes.
El Barómetro de Sondaxe arroja en este asunto datos incontestables. El 88% de los gallegos piden a los políticos que hagan públicos sus bienes, solo el 6,9% creen que no deberían hacerlo y un 4,9% de la población elude pronunciarse sobre el tema.
El análisis de los datos por adscripción política revela conclusiones peculiares. Los simpatizantes de los tres partidos mayoritarios en Galicia apuestan abiertamente por introducir mecanismos de transparencia sobre el patrimonio de los políticos, con porcentajes de apoyo que en todos los casos superan el 90%. Resulta revelador el hecho de que el 93% de los simpatizantes del PP se decanten por esta opción, habida cuenta de que el Grupo Popular vetó recientemente en el Parlamento gallego la posibilidad de asumir esta práctica.
En lo que respecta al PSOE, el grupo que impulsó este debate en la Cámara gallega, hasta el 92% de sus simpatizantes se decantan por la vía de la transparencia, si bien son los afines al BNG los que menos dudas albergan sobre esta iniciativa, pues hasta el 96,4% suscriben el sí a esta medida.