Cazadores y comuneros son los más críticos y exigen que se combata un problema «de orden público»
15 nov 2010 . Actualizado a las 01:13 h.Los conflictos derivados de la problemática que entrañan los caballos salvajes que pastan en los montes gallegos no son nuevos, pero el hallazgo de equinos tiroteados o con múltiples cuchilladas en la provincia de Pontevedra vuelven a situar a esta especie en el centro del debate.
Un reciente estudio de la Dirección Xeral de Produción Animal, dependiente de la Consellería do Medio Rural, estima que existen entre 20.000 y 22.000 caballos de monte que pastan en libertad en la sierras de la comunidad. Los ganaderos dicen estar cansados de que estas reses sean «as malas da película», aunque admiten que corresponde a los propietarios hacerse cargo de los daños que causan en propiedades privadas «cando o que se reclama é algo obxectivo e non desorbitado».
Más allá de su conservación como un bien patrimonial histórico y cultural vinculado al pueblo gallego, el caballo de monte genera unos beneficios económicos directos e indirectos. Partiendo de ese censo de 22.000 cabezas, se calcula que los equinos transforman anualmente unos 144 millones de kilos de biomasa herbácea y arbustiva, «a custo cero e con evidentes beneficios medioambientais». Su presencia también contribuye a evitar la aparición de incendios forestales, con el consiguiente ahorro en inversiones en sistemas de prevención y control.
Se calcula que los caballos en libertad producen aproximadamente 5.000 potros al año destinados a venta, lo que supone un rendimiento medio cárnico de la población caballar en extensivo de 200.000 euros. Entre los beneficios directos tampoco se pueden obviar los vinculados al turismo relacionado con la explotación de los équidos en el monte, tales como las rapa das bestas o el turismo ecológico.
No obstante, son muchas las voces que abogan por limitar la presencia de estos animales ante la problemática que generan. Daños en cultivos agrícolas y aproximación a zonas habitadas en busca de alimento, con el consiguiente riesgo de provocar accidentes de tráfico, son algunos de los argumentos. Cazadores y comuneros son los más críticos, y en los últimos años vienen exigiendo a la Administración autonómica y local que tome de verdad cartas en el asunto al considerar que se trata de un «problema de orden público», como apuntó Daniel Rodríguez, técnico de la Asociación Forestal de Galicia.
Una de sus reivindicaciones pasa por la puesta en marcha del Rexistro Público de Terreos Forestais de Pastoreo, cuya creación contemplaba el decreto de incendios del año 2006. «Ese rexistro aínda non está operativo e é necesario que se cree canto antes porque a maioría do gando, senón todo, que na actualidade se atopa nos montes é gando sen identificar», remachó Daniel Rodríguez.
Los ganaderos critican que cierres extensivos que impulsan los comuneros o las asociaciones de vecinos están echando a los caballos fuera de su hábitat. «Hai que buscar un equilibro, porque eses cabalos levan moitos anos nos montes e algún dereito terán tamén», señaló José Paz, presidente de la asociación estradense Rapa das Bestas de Sabucedo.