Estos ayuntamientos han de esperar a las transferencias de otras Administraciones para el desarrollo de obras
24 oct 2010 . Actualizado a las 02:00 h.La anorexia financiera de los concellos se acerca ya a límites muy delicados. Ochenta de los 315 ayuntamientos gallegos invierten más del 40% de su presupuesto anual en pagar a su personal y otro tanto en bienes corrientes y servicios (luz, agua, combustible...), unos niveles tan elevados que los han dejado casi sin capacidad real para invertir en nuevos proyectos, una situación agravada además por la incapacidad para cumplir con el cobro de los impuestos a los vecinos.
Aunque no existe una doctrina cerrada, lo cierto es que los expertos recomiendan que el gasto en personal sea equivalente al que se realiza en bienes corrientes y servicios y que en ambos casos no supere el 50 o el 60% del presupuesto total. La realidad es bien distinta y los últimos datos facilitados por el Ministerio de Economía sobre los presupuestos de las haciendas locales son reveladores. En el caso de buena parte de esos 80 concellos, el porcentaje de inversión destinado a bienes corrientes es todavía mayor que el de personal, de modo que la ecuación resultante es elocuente: la capacidad para destinar fondos a algo que no sea el funcionamiento cotidiano del consistorio es casi inexistente.
Hay casos especialmente llamativos, como los de Montederramo o Castro Caldelas (gastan más del 60% del presupuesto en liquidar las nóminas), que en esta coyuntura se quedan literalmente a expensas de las transferencias del resto de las Administraciones, y muy especialmente de las partidas que las consellerías destinan a la inversión en concellos. Unas consignaciones controvertidas, pues la oposición -léase PSOE y BNG en la etapa de Fraga o el PP durante el bipartito- lleva años denunciando que se usan con criterios políticos totalmente arbitrarios.
Para Xaquín Álvarez Corbacho, catedrático de Hacienda Pública de la Universidade da Coruña, una parte del problema radica en la incapacidad de los concellos para normalizar su política tributaria, esto es, la diligencia a la hora de cobrar los impuestos a los ciudadanos. Corbacho explica que solo el 20% de los ayuntamientos de la comunidad (unos sesenta) mantienen niveles de exigencia fiscal a sus vecinos similares a los de la media española. El resto, más de 200, no aplican las competencias que les otorga la ley para cobrar impuestos y, por tanto, disponer de recursos para atender los numerosos servicios que afrontan. «Os concellos -razona Corbacho- teñen a presión dos veciños na espalda e queren facer oitenta mil cousas cando a realidade é que non poden. Hai que saber dicir que non».
La inhibición fiscal fundamenta en parte los problemas de anorexia financiera que padecen las Administraciones locales. Santiago Lago Peñas, profesor de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo, insiste en esta idea, aunque no tiene claro si la situación responde a una cuestión cultural. «Desde luego es algo que nos distingue del resto de los ayuntamientos españoles, aunque no tiene una explicación clara. La gente cumple con los impuestos estatales y con los autonómicos, pero no con los locales. Hay una falta de respeto a las normativas locales que se aprecia en este caso, pero también en materia de urbanismo, por ejemplo. Aquí es frecuente construir sin licencia».
El factor envejecimiento
Así las cosas, lo cierto es que los problemas financieros que acusan muchos concellos de pequeño tamaño se podrían ver agravados a medio plazo por el envejecimiento poblacional. Este fenómeno conlleva asociada una caída de la actividad comercial, de los ingresos de los vecinos e incluso de las compras que inciden en las arcas municipales (viviendas, coches...), mermando aún más unos presupuestos ya de por sí lastrados por el excesivo peso del gasto corriente.
De hecho, han sido varios los representantes municipales que han lanzado una voz de alarma sobre la necesidad de tomar en consideración este tipo de indicadores -envejecimiento, dispersión poblacional...- a la hora de fijar los criterios de distribución de fondos en el nuevo modelo de financiación local, una cuestión esta que lleva años pendiente y que difícilmente avanzará a corto plazo a causa de la crisis.