Los 76 políticos imputados están vinculados a 42 procesos judiciales

PP y PSOE han sufrido similar número de imputaciones, y el BNG menos de la mitad que sus adversarios


redacción/la voz.

Falsificación de firma, retirada ilícita de fondos de las arcas públicas, supuestos malos tratos, concesión irregular de licencias, cobros a cambio de gestiones y un sinfín de cargos más han propiciado la tramitación de 42 causas judiciales en los últimos cuatro años en las que se han visto implicados políticos de diversas Administraciones gallegas. En total, 138 personas se vieron salpicadas por esos casos, de las que 76 fueron o son cargos públicos elegidos o de libre designación.

Algo menos de la mitad de las causas siguen abiertas y a la espera de instrucción o decisión judicial para su archivo o continuidad en el procedimiento judicial, lo que lleva a 35 políticos a seguir aguardando a la decisión del juez para seguir con su actividad pública, retomarla o bien ver cómo la inhabilitación por sentencia firme o por rechazo social puede poner fin a su carrera.

La nómina de políticos imputados se dispara en Galicia a causa de tres casos abiertos en Lugo, los que se siguen por la supuesta trama de anulación de multas de tráfico, tanto en la Jefatura Provincial como en el Concello, y la presunta red de prostitución descubierta en la misma capital. Alcaldes como los de Muras, Pedrafita y O Courel se han visto mezclados en el primero de los casos citados, junto a medio centenar de supuestos beneficiarios de la desaparición de sanciones.

Pero al margen de dichas imputaciones, otros 70 políticos han tenido que dar cuenta de irregularidades detectadas por policía, Fiscalía o, en su caso, por denuncias de terceros.

Dimisiones

Dichas actuaciones judiciales han deparado ya siete dimisiones. Recientemente tomaron ese camino el teniente de alcalde de Ourense, el nacionalista Andrés García Mata, y el responsable del área de termalismo del mismo Concello, aunque trató de desligarlo del proceso judicial. Por la trama de las multas también dejaron su cargo el anterior subdelegado del Gobierno en Lugo y el anterior jefe provincial de Tráfico, como por el caso de corrupción urbanística de Gondomar lo hicieron antes de ser condenados el portavoz municipal del PP y el edil de Urbanismo, mientras que en ese mismo Concello lo tuvo que hacer después, al ser inhabilitado por concesión irregular de licencias, el anterior alcalde, Carlos Silva, y el único concejal de los otros cinco condenados que seguía en la corporación. También dejó el cargo el que era portavoz del PSOE en Lourenzá, Jorge García Crespo, tras haber sido declarado culpable de falsificar la firma de una compañera de grupo.

Por partidos, es el PP el más afectado por las imputaciones, al sufrir ese proceso hasta 25 de sus cargos, mientras que en el PSOE otros 22 se han visto salpicados por este tipo de casos judiciales, por 9 en el Bloque y otros 4 en diversas formaciones políticas independientes de ámbito local. Los 16 restantes son cargos de libre designación.

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