Los partidos discrepan sobre cómo evitar que desaparezcan un millar de barcos

El director general de Competitividad e Innovación Tecnológica de la Xunta, Juan Carlos Maneiro Cadillo, compareció hoy a petición propia ante la comisión parlamentaria autonómica.


Las tres formaciones políticas del Parlamento de Galicia expresaron hoy sus discrepancias sobre la forma de evitar la desaparición de un millar de embarcaciones pesqueras, principalmente de la captura de marisco y percebe, en el proceso de regularización legal en curso.

El director general de Competitividad e Innovación Tecnológica de la Xunta, Juan Carlos Maneiro Cadillo, que compareció a petición propia ante la comisión parlamentaria autonómica, recordó que la segunda prórroga para la legalización concluye el próximo 24 de octubre y advirtió de que hay 2.440 solicitudes de embarcaciones que han pedido una regularización.

Sin embargo, Maneiro Cadillo indicó que poco más del 40 por ciento de las embarcaciones podría regularizar su situación, mientras que cerca de un 60 por ciento quedarían fuera de ese proceso, en base a la legislación adoptada en 2007.

Añadió que la Xunta considera que «no se puede plantear, en la situación actual, prescindir de alguna de esta embarcaciones», afirmó que el Ejecutivo gallego intentará no dejar a ninguna embarcación fuera de ese proceso de regularización e indicó que su intención es solicitar al Gobierno central una nueva oportunidad.

En ese sentido, el representante de la Xunta señaló que su propósito es reclamar al Gobierno central un «nuevo proceso de regularización» y apuntó que presentará la «solicitud formal» en los próximos días con el objetivo de que «puedan participar todas aquellas embarcaciones» relegadas e intentar que el procedimiento «sea lo menos gravoso posible para los interesados».

La diputada del PSdeG Marisol Soneira defendió la necesidad de llevar a cabo un proceso de regularización para «que la realidad legal coincida con la realidad formal» de la flota, al indicar que algunas embarcaciones han modificado determinadas características técnicas tales como su eslora o la potencia de sus motores.

Comparó la situación de la flota con la de la vivienda y señaló que no se puede permitir que algunos propietarios declaren que «tienen 50 metros cuadrados cuando en realidad tienen 200».

Sin embargo, criticó que la Xunta, y en particular Maneiro Cadillo, se escude en atribuir las competencias al Gobierno central y en limitarse a actuar «como si fuera un jefe de servicio» o un «gestor administrativo», cuando en realidad su cargo es político.

Soneira lamentó que el representante de la Xunta no presentara ningún tipo de recurso o escrito mostrando su disconformidad con la legislación de 2007.

Más critico fue el diputado del BNG Bieito Lobeira, quien acusó a Maneiro Cadillo y a la Xunta de «surrealismo político» en un «proceso demencial» de una legislación española también «demencial» aprobada por el PP y el PSOE con una profunda repercusión para Galicia.

«Preferimos un conflicto institucional» entre el Gobierno central y la Xunta «a que desaparezcan 571 embarcaciones», dijo Lobeira, quien consideró que «mas de mil embarcaciones van a quedar en el limbo administrativo» e insinuó que se trata de una estrategia destinada a reducir la flota pesquera diseñada en Bruselas de la que Madrid es cómplice y de la que Galicia es la víctima.

El representante del BNG acusó a la Xunta de ser el «verdugo del sector pesquero de bajura», criticó que se limite a «echar la culpa» al Gobierno central, calificó de «patético» que ese tipo de decisiones se tomen en Madrid y dijo que «el PP es corresponsable como autor de esa ley», por lo que concluyó que la solución pasa por transferir las competencias en materia de pesca a Galicia.

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