El gallego deberá ser la lengua de contacto inicial en la administración

La iniciativa partió de una proposición no de ley del BNG, que fue transaccionada con los demás grupos.


El Parlamento acordó hoy por unanimidad instar a la Xunta a consolidar en la administración pública autonómica y organismos dependientes el gallego como lengua de referencia y su uso en el contacto inicial entre el funcionario y el administrado en la atención presencial y telefónica.

La iniciativa partió de una proposición no de ley del BNG, que fue transaccionada con los demás grupos, sobre la adopción de medidas que garanticen en la administración pública gallega la atención a las personas en esta lengua.

El acuerdo establece además que el gallego sea lengua general de referencia tanto a nivel escrito como oral, garantizando en todo caso la cooficialidad lingüística establecida en la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Sobre la utilización del gallego en el contacto inicial entre el funcionario y el administrado en sus relaciones presenciales o por teléfono, la Cámara ha decidido que este establecimiento se realice «sin perjuicio» de una atención en la lengua oficial de la preferencia del usuario.

Durante el debate, aunque primó la actitud del consenso y la voluntad de acuerdo entre los parlamentarios, Bieito Lobeira (BNG) criticó que «no existen criterios lingüísticos en la administración pública gallega en la relación oral con los administrados, y cada vez menos», por lo que reclamó el «derecho de los gallegos a recibir atención» en esta lengua en el ámbito administrativo.

Lobeira reprochó al PP que «confunde el amor con el sexo» y se dirigió a los integrantes de este grupo para espetarles que «tienen una relación claramente sexual, diría más, sádica, con la lengua gallega».

«Hay amores que matan y la evidencia del papel político del PP es ésa desde la acción de gobierno», lamentó el parlamentario nacionalista, quien además contextualizó esta posición en el inicio del curso escolar con la impartición de materias únicamente en castellano.

Asimismo, el PSdeG recordó la desaparición de medios de comunicación en gallego y por ello abogó por el principio de la «oferta positiva» en este ámbito, mientras que el PPdeG reiteró que «rechaza la imposición y opta por la libertad».

Lo que consideró «inaceptable» el diputado Agustín Baamonde fue el punto tercero de la proposición no de ley del BNG, en el que se indica que «se tendrán en cuenta los criterios lingüísticos en la asignación de empleados públicos a labores de atención al público», pues pudiera dar lugar a «discriminación».

Los grupos también aprobaron por unanimidad una proposición de ley del PPdeG que incorporó una enmienda del BNG sobre el cambio en la regulación general de vehículos relativo a la homologación de señalización luminosa en los vehículos de servicios de emergencias, pasando al azul como en el resto de la Unión Europea, e impulsar las medidas para implementar en Galicia su puesta en marcha.

Por el contrario, rechazaron una proposición no de ley del BNG sobre la adopción de medidas relativas a la composición y funcionamiento de tribunales y comisiones de selección para el acceso al empleo público en la administración autonómica.

Según el diputado Alfredo Suárez Canal, «el tiempo pasa» y no ve «ninguna iniciativa para despejar el camino» y «mejorar» los procesos selectivos, para evitar que se vuelvan a producir «el goteo de irregularidades» y «anomalías» en estos procesos, lo que lo llevó además a criticar la «doble moral» de la Xunta.

Tampoco contaron con el visto bueno dos iniciativas del PSdeG sobre la elaboración de un plan director de servicios contra incendios y de salvamento, y acerca de las actuaciones para llevar a cabo en el impulso de políticas de racionalización de la administración pública gallega.

El BNG, por boca de Tereixa Paz, insistió en esta reordenación en la que hay que evitar el «sectarismo y la propaganda» de la Xunta, ante lo que Antonio Rodríguez Miranda indicó que a finales de mes la Fundación Galicia Emigración se unirá a la extinción que ya han acordado otras cinco entidades.

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