La CIG denuncia a la Xunta por ceder los expedientes de la dependencia a una empresa privada

EFE

GALICIA

Considera que se han cedido referencias «sensibles» sin conocimiento de los interesados.

18 ago 2010 . Actualizado a las 14:06 h.

La CIG ha presentado una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, después de que la Xunta hubiese cedido a una empresa los expedientes de la Ley de Dependencia, que cree se trata de una cesión de referencias «sensibles» sin conocimiento de los interesados.

La CIG informa de esta decisión en nota de prensa, en la que destaca que el pasado 9 de agosto solicitó una entrevista con la secretaría general de Traballo para paralizar el proceso de envío de expedientes.

«Por respuesta tuvimos un escrito bochornoso donde se nos dice que la privatización es una propuesta de los trabajadores, y se critica la gestión del bipartito», dice la nota.

Los expedientes de la dependencia, aclara la central, son cedidos a la empresa Indra Sistemas «sin el consentimiento de los interesados y sin que en las solicitudes conste de ninguna manera que van a ser cedidos».

Entre las referencias «que va a poseer esta empresa» figuran informes de condiciones de salud, informes sociales de valoración de la dependencia, declaración los cuidadores y de los responsables patrimoniales.

La política del Gobierno de la Xunta, señala la nota, relativa a la gestión de los expedientes de la ley de dependencia ha sido la de «asfixiar la tramitación ordinaria, impidiendo que se hagan contrataciones de personal interino», intentando debilitar el servicio «para luego poder justificar que se necesita una gestión privada»

La Consellería de Trabajo, agrega la CIG, recurrió en febrero a contratar a 60 trabajadores a través de una empresa privada, lo que fue denunciado por el sindicato ante Inspección de Traballo.

«Ahora, en lugar de recurrir a estas empresas para que aporten personal, les envían directamente los expedientes», insiste la central, que confía en que la Agencia de Protección de Datos inicie un procedimiento de infracción por uso indebido de datos personales.

«Consideramos que los datos de las personas dependientes no pueden ser objeto de un negocio y menos que sea la administración quien alegremente los ceda», concluye la CIG.