La Xunta acusa al Gobierno de aplicar contra las leyes gallegas una «arbitrariedade partidista»
GALICIA
Cuestiona las objeciones constitucionales a las normas sobre las cajas y el suelo
16 jul 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Feijoo enfatizó ayer las quejas que ya expresó en invierno por el distinto rasero que aprecia en las objeciones del Gobierno central sobre la constitucionalidad de las últimas leyes que ha impulsado la Xunta, como la relativa a las cajas de ahorros y la que reforma la norma sobre el suelo. El presidente acusó al Ejecutivo de actuar con «arbitrariedade partidista» contra los textos gallegos, mientras «pregona a constitucionalidade» del Estatuto catalán.
Las objeciones de Feijoo no son nuevas, pero sí la contundencia de su denuncia. Además de las críticas que provocó en la Xunta la decisión del Gobierno de recurrir la ley de cajas, el presidente había expresado a principios de marzo pasado su malestar por las observaciones formuladas por el Ejecutivo central sobre la Lei do Solo 9/2002. Feijoo ya recriminó entonces como una «pirueta xurídica» de Madrid las recomendaciones que el Ministerio de Política Territorial trasladó a la Xunta sobre artículos de ese texto que permanecen invariables desde el 2002. El hecho de que el remisor del fax con las advertencias fuera el director general de Desarrollo Autonómico, un hombre de confianza de Gaspar Zarrías, disparó los recelos sobre la motivación política de una actuación que coincidió en el tiempo con los obstáculos a la ley de cajas.
El frente abierto entonces con unas objeciones que procedían del Ministerio de Vivienda sigue abierto e incluye observaciones de Medio Ambiente que cuestionan la constitucionalidad de algunos artículos de la Lei do Solo. «Galicia non merece estas deslealdades e arbitrariedades», censuró Feijoo, que espera que el grupo de trabajo creado para salvar las diferencias con el Gobierno central evite el recurso al Constitucional.
Por otra parte, la Xunta aprobó un decreto que regula los alimentos de calidad de Galicia. Feijoo defendió ese control de la denominación Produto galego como un blindaje ante la amenaza del «uso abusivo das referencias territoriais de Galicia en determinados produtos».