Estará facultado para detener el vehículo en la carretera, identificar a los conductores y notificar la sanción
15 jul 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Los funcionarios de las autovías portuguesas tendrán poder sancionador sobre los conductores que no paguen el peaje, obligatorio a partir del 1 de agosto. El Gobierno luso confirmó ayer que los trabajadores de las siete vías SCUT (sem custo para o utilizador) que dejarán de ser gratis dentro de 15 días tendrán rango de oficiales de policía, y estarán capacitados para detener a los vehículos en las carreteras, exigir la identificación de los conductores y notificar sanciones.
El secretario de Estado de Obras Públicas, Paulo Campos, explicó que la función fiscalizadora del personal de las autovías está prevista en la ley desde el año 2006, y aseguró que es una medida que ya ha sido llevada a la práctica en alguna ocasión por parte de concesionarias de autopistas portuguesas como Brisa, la mayor firma del país. Paulo Campos aclaró que, en caso de impago de la tasa de peajes, una vez notificada la multa, esta será enviada a casa a los infractores. «Según la legislación vigente, y sin perjuicio de las funciones encomendadas a la policía, los funcionarios debidamente autorizados tienen poderes de inspección y fiscalización en el cobro de peajes de infraestructuras viarias», explicaron desde Obras Públicas.
Ayuda a la recaudación
Alberto Moreno, presidente del Instituto de Infraestructura Vial de Portugal (Inírida), declaró al respecto a la Agencia Lusa que la función de supervisión y control del pago del peaje recaerá sobre los funcionarios de los servicios públicos de las SCUT, previa acreditación del Gobierno Civil de cada región del país. «Esta medida va a ayudar a equilibrar el sistema de recaudación», afirmó Alberto Moreno.
Preguntado acerca de si estas nuevas funciones de supervisión policial asignadas a los trabajadores públicos requerirán algún tipo de formación específica, el presidente del Inírida respondió que «los empleados ya disponen de toda la formación», «son personas muy operativas», aseguró.
La aplicación del cobro obligado de peaje queda ahora a la espera de que la comisión parlamentaria de Obras Públicas pula los flecos que quedan pendientes en materia de exenciones, bonificaciones y discriminaciones positivas dentro de un polémico decreto que no gusta a nadie, salvo a las compañías concesionarias, y que ha generado un fuerte movimiento opositor en el país vecino.
El pasado viernes, el Gobierno luso se marcó un plazo de 10 días para zanjar dudas como si finalmente las empresas tendrán algún tipo de descuento, o si trabajadores y residentes que se muevan en un radio de entre 10 y 20 kilómetros quedarán libres de pago.
Lo que ya resulta inevitable es que el día 1 del próximo mes se implantará la tasa impositiva en las tres primeras autovías por las que ahora se podía circular gratis, como son Grande Porto (A-41/42), Norte Litoral (A-28) y Costa da Prata (A-29/A-17); mientras que la A-23 (Guarda-Torres Novas), A-24 (Viseu-Chaves), A-25 (Aveiro-Vilar Formoso) y A-22 (Vía do Infante, Algarve) empezarían a contar con peajes a partir del 1 de enero del próximo año.