Una funcionaria de O Grove será la única juzgada por las listas del PP en el País Vasco

La Voz VILAGARCÍA/LA VOZ.

GALICIA

El fiscal pide para ella tres años de cárcel y no cita ni como testigo al ex alcalde popular, Miguel Pérez

01 jul 2010 . Actualizado a las 03:32 h.

Una simple funcionaria del Concello de O Grove será finalmente la única que se tenga que sentar en el banquillo de los acusados por el caso de los falsos voluntarios reclutados por el Partido Popular para formar parte de las listas de este partido en el País Vasco en las últimas elecciones municipales.

Jesusa Otero Magdalena era funcionaria de confianza del que era alcalde grovense en el 2007, el popular Miguel Pérez. Fue en ese año cuando se produjeron los hechos que más tarde se dieron a conocer cuando seis empleados del área de Protección Civil, en la que trabajaba la empleada, descubrieron que, sin saberlo, se habían presentado a las elecciones municipales en el País Vasco integrando las listas del PP en varios municipios.

Saltó el escándalo y todo apuntaba a que el PP pontevedrés había forzado la máquina para ser uno de los que más solidaridad mostrase con sus amenazados compañeros vascos. De hecho, la funcionaria que ahora será juzgada declaró que había actuado por orden del entonces regidor, Miguel Pérez, pero incurrió al parecer en varias contradicciones en sus declaraciones judiciales que ahora harán que sea la única imputada. El ex alcalde no ha sido acusado y ni tan siquiera será citado como testigo.

Las pruebas periciales practicadas han determinado que fue Jesusa Otero Magdalena la que falsificó los formularios de aceptación de candidatos para las elecciones vascas y que los firmó por sus compañeros. Lo que no se ha tenido en cuenta es con qué motivación actuó la funcionaria y si lo hizo por propia voluntad o siguiendo indicaciones de sus superiores.

Ahora, Jesusa Otero Magdalena se enfrenta a una petición de condena de tres años de prisión, ya que el fiscal ha tipificado los hechos como un delito continuado de falsedad en documento público. También pide para ella la inhabilitación especial para ejercer el derecho al sufragio pasivo y doce meses de multa a razón de quince euros al día.

La funcionaria sigue trabajando actualmente en el Concello de O Grove dentro del área de Protección Civil. El PSOE y el BNG han defendido siempre que no resultaba creíble que una funcionaria municipal actuase por su cuenta en este caso y consideraron responsable de este hecho al ex alcalde y presidente local del PP, Miguel Pérez.