Un ingeniero de la Diputación de Lugo declaró a la jueza que varios alcaldes inflan las obras y cobran la diferencia

Miguel Cabana
Miguel Cabana LUGO/LA VOZ.

GALICIA

17 jun 2010 . Actualizado a las 02:05 h.

La investigación judicial del caso de Castro de Rei podría afectar a otros muchos concellos y especialmente a sus alcaldes. Las declaraciones ante la jueza de un ingeniero del departamento de Obras de la Diputación de Lugo van a dar mucho juego. A la vista de lo que le contó este funcionario a la jueza, declarado y firmado textualmente, numerosos alcaldes de la provincia lucense deberían estar ya en el punto de mira del fiscal. El ingeniero explicó que es un proceder bastante habitual que se eleven los precios de las obras para que algunos alcaldes se lleven luego la parte del dinero que les sería entregado por la empresa constructora.

El ingeniero le cuenta a la jueza en su declaración que él, aunque es funcionario, hace proyectos por su cuenta para los alcaldes de muchos concellos de la provincia. Explica que el proyecto con su precio de mercado que le muestra a muchos alcaldes se llama «R», pero luego el regidor le pide que eleve ese precio en una cuantía determinada, que será el que finalmente lleve la obra a concurso. El hecho de tener el precio «R», o real, sirve para que el alcalde muestre a la empresa la cantidad por la que debe ejecutar la obra, aunque luego se adjudica por una cifra mucho más alta. La diferencia entre el precio real y el de adjudicación es lo que la empresa le daría al alcalde, en dinero negro o en especie.

Este funcionario de la Diputación, que no estaba en su casa cuando lo fue a buscar personal del juzgado de Estela San José, se presentó luego voluntariamente y declaró todos estos datos. Dio nombres de media docena de ayuntamientos en los que asegura que los alcaldes hacen habitualmente esa práctica, y pone como ejemplo a uno de esos regidores locales (del PP), del cual dice que no pasa por menos del 50% de la obra. Es decir, en este caso, de ser cierto lo que dice el ingeniero, este alcalde infla las obras al doble de su precio real y de esa forma se lleva a su bolsillo exactamente lo mismo que cuesta la obra.

El ingeniero da numerosos detalles y explica que algunos de esos proyectos los tiene en su casa o en el rocho de su vivienda, en donde el juzgado realizó un registro para incautarse de toda esa documentación y comprobar los datos. Tanto la declaración como las pruebas reales que el juzgado haya conseguido en la vivienda de este funcionario suponen que la Fiscalía tendría que investigar al menos a todos los alcaldes citados por el funcionario, y posiblemente, todo el sistema de adjudicaciones.

Valiño no lo hacía

El ingeniero asegura que el alcalde de Castro de Rei, que fue detenido al inicio de la operación policial, no realizaba ese tipo de prácticas, sino que en vez de inflar los precios, pedía que se redujesen para que las empresas hiciesen las obras por un precio inferior y ahorrarle así dinero a la Administración. Eso se constata en algunas escuchas telefónicas, en las que Juan José Valiño habla con concejales y técnicos y trata de ajustar al máximo el precio de cada contrato, para luego, con ese dinero, «facer algún camiño máis».