Juzgan a un vecino de Poio por tener 15.000 archivos de contenido pedófilo en su ordenador

Alfredo López Penide
López Penide PONTEVEDRA/LA VOZ.

GALICIA

Durante el juicio, Ramón Manuel Romai Pombo precisó que estos hechos se remontan a una época en que consumía cannabis y estaba aquejado de una depresión

12 may 2010 . Actualizado a las 02:55 h.

¿Puede alguien descargar de Internet 15.000 archivos de pornografía infantil por error o sin ser consciente de su contenido? Un vecino de Poio estima que sí, tesis que no comparten Fiscalía de Pontevedra, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra. Durante el juicio, ayer, Ramón Manuel Romai Pombo precisó que estos hechos se remontan a una época en que consumía cannabis y estaba aquejado de una depresión producto de la obesidad que padece. Añadió que estas circunstancias lo llevaron a «evadirse de la realidad» refugiándose en Internet.

Según su versión, comenzó a descargar de manera compulsiva películas de adultos y, en menor medida, música. «Era una rutina», reiteró varias veces, al tiempo que dijo: «Francamente no sabía lo que había» en los archivos. Llenó dos discos duros y decenas de compactos. Pese a que en el inicio de su interrogatorio alegó que no recordaba mucho esa época (la intervención policial se realizó a finales del 2007), quiso aclarar que voluntariamente nunca bajó pornografía infantil.

La tesis del azar fue desbaratada por los investigadores. Todos los que prestaron declaración en la Audiencia coincidieron en que lo hizo con conocimiento de causa. Así, mientras algunos explicaban que por error se pueden descargar una o dos películas de contenido pedófilo, no 15.000 archivos, otros precisaron que el acusado tenía conocimientos suficientes para saber que los programas que usaba - eMule y Lphant - al tiempo que descargan archivos los van compartiendo con otros internautas.

Asimismo, uno de los guardias civiles que practicaron su arresto no observó que Romai Pombo estuviese bajo el efecto de alguna droga.

Para ajustar su petición de condena a la doctrina actual, el fiscal se vio obligado a reducir en tres los ocho años de prisión que solicitaba por distribución y posesión de pornografía infantil. Mantuvo su petición de que se le imponga una inhabilitación para empleo, cargo público o ejercicio de cualquier oficio o profesión que pueda tener relación con menores de edad.