El Tribunal Superior admite la querella del PSOE contra el conselleiro Agustín Hernández

El político certificó una vía inacabada en su época en la Diputación de Pontevedra


La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado admitir a trámite la querella presentada por el PSdeG-PSOE contra Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, «por si los hechos pudieran ser constitutivos de los delitos de falsedad en documento oficial, estafa y/o fraude a la Administración Pública».

Los hechos que aborda el alto tribunal, que ha asumido el estudio de la querella al gozar el conselleiro y parlamentario del Partido Popular por Pontevedra de la condición de aforado, se refieren a si Hernández cometió una irregularidad al certificar una obra inacabada en su época como director del área de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra.

El asunto enfrenta a socialistas y populares desde hace casi un año. Y el PP ha amenazado al PSOE con recopilar actuaciones similares de gobiernos socialistas para llevarlos a los juzgados. La denuncia del PSdeG contra Hernández se presentó el pasado 27 de mayo mediante un escrito en el juzgado de guardia en Pontevedra con la denuncia por la «recepción, certificación y pago» de una obra viaria en el municipio pontevedrés de Salvaterra, en su tramo de Lira, cuando a la fecha de la formalización de la denuncia los trabajos permanecían sin concluir.

La obra en cuestión es la de la variante de Lira, que Hernández certificó siendo director de Infraestructuras de la Diputación sin que hubiese rematado. Se trata de una actuación incluida en el Plan Provincial de Cooperación de la Diputación de Pontevedra del 2006 y fue licitada en 458.000 euros. La adjudicación se efectuó por un importe sensiblemente menor, de 391.864 euros, al imponerse la propuesta de la empresa constructora Sercoysa, a la que Agustín Hernández estuvo vinculado laboralmente con anterioridad.

Subvención en el aire

La obra se complicó por problemas burocráticos. La falta de un informe de la Confederación Hidrográfica del Miño sobre unos árboles afectados por los trabajos de desmonte motivó que el proyecto solo se ejecutase en lo referente a movimientos de tierra y ciertos trabajos previos. Así lo reconoció en su día la propia Diputación de Pontevedra.

El proceso de certificación que ahora se juzga se realizó para no perder los fondos de la Unión Europea, a los que estaba sujeta la financiación de la carretera, según justificó tras conocerse la presentación de la querella el presidente de la Diputación, Rafael Louzán.

La certificación de la obra fue rubricada por el ingeniero Baltasar Pujales, contra quien también se dirige la querella, mientras que Hernández fue el encargado de visarla en su condición de director del área de Infraestructuras de la entidad provincial pontevedresa.

Incoación de sumario

Un recurso presentado por el conselleiro contra la admisión de la querella fue desestimado el pasado mes de septiembre. El Juzgado de Instrucción número 1 de Pontevedra se inhibió después en la causa abierta contra Hernández en favor del TSXG al tratarse de un aforado. Ahora, el Tribunal Superior además de admitir a trámite la referida querella, ha acordado a través de su Sala de lo Civil y Penal incoar sumario por los delitos denunciados por los socialistas.

La Voz se puso ayer en contacto con la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas para recabar la valoración de Agustín Hernández sobre el nuevo paso en que se halla el proceso. Al igual que sucedió con la admisión a trámite de la querella en el juzgado pontevedrés, la desestimación de su recurso, y el posterior traslado al TSXG de la querella, el conselleiro ha declinado hacer comentarios. «Máximo respecto ás decisións xudiciais» es su única reacción expresada.

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