El Gobierno central cuestiona ahora la reforma de la Lei do Solo de Feijoo

GALICIA

Un informe remitido por el ministerio de Chaves objeta que las sucesivas revisiones dificultan la seguridad jurídica

08 mar 2010 . Actualizado a las 02:00 h.

Las aguas de las relaciones entre el Gobierno de Zapatero y la Xunta de Feijoo bajan cada vez más revueltas. Con las dos Administraciones enfangadas en la trinchera política sobre ley gallega de cajas, el Ejecutivo socialista ha considerado oportuno posicionarse ahora sobre la nueva reforma de la normativa del suelo 9/2002, una revisión que el Gobierno autónomo presentó hace meses y que está en la recta final de una tramitación parlamentaria en la que el PP cuenta con el compromiso del PSdeG para respaldar el texto.

El Ministerio de Política Territorial, que dirige Manuel Chaves, remitió el pasado día 2 por fax un informe elaborado el 17 de febrero en el que el departamento de Vivienda hace algunas objeciones sobre varios artículos de la reforma de la Lei do Solo, con alguna referencia significativa a aspectos que permanecen invariables desde su redacción original. Pero, más allá de esas observaciones sobre aspectos puntuales de la norma, el informe transparenta una intencionalidad política inequívoca.

En la carátula de las cuatro páginas que remitió a la Xunta el director general de Desarrollo Autonómico, Fernando Gurrea, se advierte de la conveniencia de que el Gobierno gallego tenga en cuenta las objeciones para que «se pueda despejar de antemano cualquier problema que en el futuro se plantease con la aplicación del mencionado texto legal». Esta advertencia prologa la que acuña el Ministerio de Vivienda a modo de observación preliminar. El departamento de Beatriz Corredor pone el acento en que la reforma en tramitación supone la quinta. En realidad, el número puede oscilar entre cuatro y seis en función de si se contabilizan adaptaciones de normas estatales que modificaron el marco gallego. Observa al respecto de ese apetito revisor que «no parece que esta técnica contribuya a hacer efectivo el principio de seguridad jurídica que demanda la Constitución española en el artículo 9.3.». En todo caso, es una objeción compartida por otros sectores que la Xunta rebate con la idea de que los ajustes contribuyen precisamente a clarificar la aplicación de una ley compleja.