Un informe remitido por el ministerio de Chaves objeta que las sucesivas revisiones dificultan la seguridad jurídica
08 mar 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Las aguas de las relaciones entre el Gobierno de Zapatero y la Xunta de Feijoo bajan cada vez más revueltas. Con las dos Administraciones enfangadas en la trinchera política sobre ley gallega de cajas, el Ejecutivo socialista ha considerado oportuno posicionarse ahora sobre la nueva reforma de la normativa del suelo 9/2002, una revisión que el Gobierno autónomo presentó hace meses y que está en la recta final de una tramitación parlamentaria en la que el PP cuenta con el compromiso del PSdeG para respaldar el texto.
El Ministerio de Política Territorial, que dirige Manuel Chaves, remitió el pasado día 2 por fax un informe elaborado el 17 de febrero en el que el departamento de Vivienda hace algunas objeciones sobre varios artículos de la reforma de la Lei do Solo, con alguna referencia significativa a aspectos que permanecen invariables desde su redacción original. Pero, más allá de esas observaciones sobre aspectos puntuales de la norma, el informe transparenta una intencionalidad política inequívoca.
En la carátula de las cuatro páginas que remitió a la Xunta el director general de Desarrollo Autonómico, Fernando Gurrea, se advierte de la conveniencia de que el Gobierno gallego tenga en cuenta las objeciones para que «se pueda despejar de antemano cualquier problema que en el futuro se plantease con la aplicación del mencionado texto legal». Esta advertencia prologa la que acuña el Ministerio de Vivienda a modo de observación preliminar. El departamento de Beatriz Corredor pone el acento en que la reforma en tramitación supone la quinta. En realidad, el número puede oscilar entre cuatro y seis en función de si se contabilizan adaptaciones de normas estatales que modificaron el marco gallego. Observa al respecto de ese apetito revisor que «no parece que esta técnica contribuya a hacer efectivo el principio de seguridad jurídica que demanda la Constitución española en el artículo 9.3.». En todo caso, es una objeción compartida por otros sectores que la Xunta rebate con la idea de que los ajustes contribuyen precisamente a clarificar la aplicación de una ley compleja.
En el Gobierno de Feijoo ha llamado la atención, además del desfase entre la fecha de elaboración del informe y la de su envío por fax a la Xunta, el hecho de que el remitente sea Fernando Gurrea, uno de los hombres de confianza en la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial de Gaspar Zarrías, que está desempeñando un papel protagonista en la negociación sobre la ley gallega de cajas.
Decisión sin precedente
Otro dato que aviva los recelos de la Xunta es que se trata de la primera ocasión en la que el Gobierno central formula observaciones sobre una norma de la que no había opinado hasta ahora, ni en la redacción original de Cuíña ni en las reformas precedentes. También lamentan que las objeciones de Madrid ponen en tela de juicio la labor del Gobierno y del Parlamento gallego, tanto en la etapa actual como en las anteriores, por lo que achacan al informe un cierto carácter de «inxerencia».
La recepción de ese texto dio lugar el viernes pasado a un cruce de documentación entre la Xunta y Vivienda. Finalmente, el ministerio expresó su acuerdo con las intenciones formuladas por el Ejecutivo gallego respecto a la corrección de 7 de los 9 artículos y a la disposición adicional cuarta que cuestionó en principio, pero mantuvo su discrepancia sobre los puntos 24.3 y 236, por los que la norma permite que la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico se cumpla «mediante su monetarización a través del correspondiente convenio urbanístico». El ministerio insiste en que la ley gallega debe recoger la limitación que ha introducido la norma estatal, que impide esa monetarización cuando sea suelo para vivienda protegida.