Aplaude que recomiende a los diputados que actualicen su domicilio para evitar posibles fraudes
20 feb 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Los grupos políticos del Parlamento se conjuraron ayer para darle carpetazo a la polémica desatada por el supuesto cobro irregular de las dietas de kilometraje de algunos diputados, por considerar que provoca un notable desprestigio de la clase política, y lo hicieron apremiando a la presidenta de la Cámara, Pilar Rojo, para que «cumpra coas súas funcións» y resuelva ya las irregularidades detectadas, como demanda el PSdeG, o bien poniéndose a disposición de la jefa del Legislativo para colaborar en la reforma del sistema de remuneración de los parlamentarios, como hizo el PP.
El portavoz del PSdeG, Xaquín Fernández Leiceaga, manifestó en rueda de prensa que «é hora» de que la presidenta «cumpra coas funcións que ten encomendadas» y resuelva de una vez las irregularidades detectadas en el sistema de cobro de las compensaciones por kilometraje, irregularidades que, según Leiceaga, fueron reconocidas públicamente por un diputado, el popular Antonio Rodríguez Miranda. Es más, el dirigente socialista manifestó que el reconocimiento hecho por este parlamentario «debería ir acompañado da asunción de responsabilidades».
En todo caso, el portavoz socialista puso de relieve que «non debemos botar ningunha sombra de dúbida» sobre el conjunto de los diputados autonómicos, porque no está probado, ni mucho menos, dijo, que el posible fraude haya ido más allá de «un caso concreto».
Los socialistas también le dieron un voto de confianza a Pilar Rojo para que introduzca algunas mejoras para hacer «máis transparente» el sistema de compensación de desplazamientos, pero advirtieron de que non son los grupos políticos, sino la propia Rojo -en todo caso asistida por los otros cuatro miembros de la Mesa del Parlamento- la que tiene que actuar.
El PSdeG se mostró favorable a que se haga una «recomendación» a los diputados para que actualicen sus datos personales, especialmente sus domicilios, pues este es el elemento que se utiliza en la Cámara para abonar el pago de desplazamientos, a razón de 0,27 euros el kilómetro. Esto permite que, por ejemplo, un diputado que acuda a actos parlamentarios desde O Barco de Valdeorras -y tienen una media de doce compromisos al mes- ingrese unos 1.200 euros al mes.
También el PP entró ayer de lleno en esta polémica y lo hizo remitiéndole una carta a la presidenta en la que le agradece que pusiera los servicios jurídicos del Parlamento a disposición de los diputados al objeto de que resuelvan cualquier duda relacionada con sus datos personales o el cobro de los kilometrajes.
De igual modo, el portavoz del PP, Manuel Ruiz, se puso a disposición de la presidencia «para estudiar cos demais grupos parlamentarios» las posibles mejoras que se puedan establecer en el régimen remunerativo adoptado en el 2006, siendo presidenta la socialista Dolores Villarino.