Los eurodiputados gallegos reclaman una auditoría exhaustiva sobre la utilización de los fondos europeos


Que Galicia pierda 40 millones de euros en ayudas europeas por mala justificación de los gastos o que el Tribunal de Cuentas de la UE considere que el 11% de las subvenciones no deberían haberse pagado lleva a plantear a los tres grupos políticos gallegos con representación en Bruselas la necesidad de un control más serio en el uso de las ayudas recibidas.

«Tiene que haber una tolerancia cero respecto al mal uso de los fondos comunitarios y a la falta de desarrollo de proyectos respaldados por Europa con el dinero de todos», mantiene el socialista Antolín Sánchez Presedo. El eurodiputado gallego aboga por la creación en Galicia de un organismo que se encargue de velar por la correcta planificación de los proyectos que opten a ayudas europeas, su ejecución y continuidad futura, «porque es mejorable el papel que ha desempeñado la Xunta en este tema», señala el socialista, que alerta sobre el número de infraestructuras pagadas por Europa que luego los ayuntamientos no son capaces de mantener. Presedo considera que el alto número de casos de obras abandonadas, proyectos paralizados y fondos mal justificados debe llevar a la «UE a ser más exigente y a la Xunta a priorizar y a garantizar el uso correcto de las ayudas».

Prolongación de las ayudas

Como Presedo, la eurodiputada Carmen Fraga se muestra partidaria de prolongar en todo caso las ayudas a Galicia más allá del 2013, año en que la comunidad dejará de ser considerada región Objetivo 1 y, por tanto, de recibir los fondos de cohesión correspondientes. Fuentes del grupo europeo del PP alertan en todo caso del aplazamiento que el Gobierno de España habría planteado a la Comisión para retrasar de febrero a junio el debate sobre la conformación del nuevo modelo de presupuesto de la UE, en el que deben pesar más las ayudas al conocimiento que a las infraestructuras. «Si es así España renunciará a influir en cómo se harán las cuentas», indican estas mismas fuentes.

La futura parlamentaria del BNG, Ana Miranda -que sustituirá a ERC en el escaño en el 2012- aboga igualmente por extender el período de ayudas para Galicia hasta el 2020, pero reclama que se descentralice la capacidad de negociación con la UE, además de que para la nueva posible etapa pese la dispersión poblacional y la emigración en la asignación de los fondos comunitarios, y no solo el nivel medio de renta como hasta ahora.

Miranda, en todo caso, exige una auditoría exhaustiva del empleo de las ayudas en Galicia, al considerar muy alto el número de proyectos fracasados e inversiones mal justificadas.

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