La familia del niño obeso ourensano ultima la decisión sobre su entrega a las autoridades

GALICIA

03 nov 2009 . Actualizado a las 02:00 h.

Después de varios días de incertidumbre, los padres del menor ourensano cuya tutela asumió la Xunta a causa de la obesidad que padece darán a conocer esta mañana cuál es su decisión con respecto al futuro del niño.

Lo harán en una rueda de prensa en el despacho del abogado José Manuel Rodríguez, que ayer se mostraba hermético con respecto a este asunto. Según explicó a la salida de la reunión que a última hora de la mañana mantenía con Luis Montoya y Margarita Gabarres, los padres del menor, no está autorizado por los padres a adelantar ninguna información. «Serán ellos los que mañana [por hoy] transmitan cuál es su decisión», dijo.

Hasta el momento, los padres del niño se negaron a cumplir la resolución acordada por la Xunta el pasado 23 de septiembre, según la cual se declaraba al menor en situación de desamparo y se ordenaba su ingreso en un centro.

El internamiento, sin embargo, nunca llegó a producirse, ante la negativa de los padres a entregar al niño a las autoridades.

Segunda oportunidad

El viernes pasado, en su última comparecencia ante los medios, los padres del menor, que con nueve años pesa setenta kilos, pedían a las autoridades una segunda oportunidad, instando a la Administración a que le hiciera una revisión médica al pequeño para evaluar su estado de salud actual.

El niño llegó a pesar ochenta y seis kilos, pero, según sus padres, en el último mes habría cambiado sus hábitos alimenticios, sustituyendo bollería y hamburguesas por una dieta sana y equilibrada.

Esta petición de una segunda oportunidad llegaba después de que el Juzgado de Familia de Ourense se negara a escuchar los argumentos de Luis Montoya y Margarita Gabarres para suspender cautelarmente la tutela de Menores.

El magistrado encargado del caso consideró que, en vista de cómo había evolucionado la obesidad del menor con su familia en los últimos años, no había garantías de que esta fuera capaz de modificar los hábitos del niño.

Si los padres del menor se niegan a cumplir la resolución, el caso podría ser denunciado por la Administración ante la Fiscalía para que tome las medidas oportunas.