Un informe desaconseja acabar con la privatización de las emergencias que critican todos los sindicatos
29 oct 2009 . Actualizado a las 02:00 h.El coste ordinario de los parques comarcales de bomberos gallegos se encarecería un 40% si la Administración desmontara el actual sistema de gestión a través de empresas concesionarias para asumir ella directamente su funcionamiento. Al menos eso advierte un informe de 104 páginas sobre este asunto al cual La Voz tuvo ayer acceso. Su contenido trasciende apenas unas horas antes de que mañana se celebre en Santiago una manifestación convocada por los sindicatos para, entre otras demandas, reivindicar ese cambio de modelo.
Fechado a agosto del 2009, el estudio lo encargó el Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento (CPCS) da Coruña, que participan a medias la Diputación y la Xunta, al objeto de contar con un «instrumento adicional» para decidir si en este campo procede dejar las cosas tal cual están hoy o bien modificarlas. Lo suscribe el catedrático de Derecho Administrativo y ex rector de la Universidade da Coruña José Luis Meilán Gil, quien determina: «No sería conforme con el principio de razonabilidad, antítesis de la arbitrariedad según pronunciamientos jurisdiccionales, que se variase la forma de prestación indirecta por una directa. En otros términos, no se aprecian datos que inclinen a cambiarla».
Constituido en julio del 2002, el CPCS cubre ya 69 municipios desde diez bases (Carballo, Arteixo, Boiro, Ribeira, Arzúa, Ordes, Betanzos, As Pontes, Cee y Santa Comba) donde trabajan 10 sargentos, 50 cabos y 114 bomberos, en suma, 174 profesionales de cuyos contratos responde el capital privado. Mantener todo ese despliegue al erario le viene suponiendo un desembolso por ejercicio de 7.313.902 euros, que ascenderían a entre 10.594.239 y 10.751.626 si cesara la externalización. O sea, la factura anual subiría hasta 3,4 millones.
Pero el redactor del documento no basa su discurso solo en motivos económicos, sino también, entre otros, de eficiencia. «Desde el punto de vista jurídico -añade- el análisis realizado conduce a concluir que la prestación indirecta es la más adecuada». Por último, esgrime «los problemas importantes en materia de personal» que generaría la reforma. Esta última, aduce, «no implicaría sucesión de empresa, por lo que el Consorcio no podría asumir [automáticamente] la plantilla» existente.
La Consellería de Presidencia entiende que, si bien el dosier se refiere al CPCS coruñés, su argumentario podría extrapolarse a los de Lugo, Ourense y Pontevedra cuando se pongan en marcha. «El sistema funciona estupendamente, y el informe lo avala», valoró un portavoz del departamento.
En cambio, para la CIG, UGT y CC.?OO., supone un «auténtico fracaso». En un manifiesto, las tres centrales cargan contra la «privatización» de las emergencias y exigen un ente público único que las controle en Galicia, amén de un estatuto de bombero profesional.