Ambos procesos selectivos para consolidar puestos en el Consorcio fueron recurridos judicialmente (por Comisiones Obreras) y criticados con dureza por sectores de la CIG vinculados a la Administración autonómica. A diferencia de otras pruebas para acceder a la Xunta, las ofertas lanzadas por Vicepresidencia presentaban varias singularidades que invitaban a pensar que era un proceso diseñado a medida para consolidar el puesto de trabajadores que habían entrado previamente al Consorcio como empleados eventuales mediante una simple entrevista. Por ejemplo, el temario de las pruebas del Consorcio contaba con tan solo 34 temas, la cuarta parte de los que se exigen en otras oposiciones; tampoco se penalizaban las respuestas incorrectas. Pero lo más controvertido de las bases fue el apartado en el que se primaba con diez puntos -la mitad de la oposición-a quienes tenían un año de trabajo en el Consorcio, lo que dio pie a los sindicatos a denunciar que las pruebas eran un traje a medida para colocar a los empleados, algunos de ellos militantes, cargos y simpatizantes del BNG.
Debate en la Cámara
A comienzos de este mes, el actual gerente del Consorcio, Roberto Rodríguez, compareció en el Parlamento para responder a una pregunta del BNG sobre el convenio colectivo. Entonces, el nuevo cargo designado por el Ejecutivo de Feijoo aseguró que el «Consorcio era unha illa segregada e privada, alonxada da Administración e agora é un ente asimilado con criterios das demais Administracións públicas». En la citada comparecencia, el gerente recordó que en las actas levantas por la Inspección de Traballo se constataba que el 20% de las contrataciones de este organismo -unas 200, y que se pretendían consolidar con unas oposiciones a la carta- se efectuaron cometiendo un fraude de ley, es decir, que eran irregulares.
