Dicha estrategia incluía una campaña jurídico-mediática contra Taín y Hermelino Alonso, coordinador regional del SVA en Galicia, con denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción canalizadas a través de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), y fue desvelada por La Voz el 2 de enero del 2005. La información de este diario apareció en un archivo informático intervenido en el domicilio de Sánchez Zabala bajo el epígrafe «Informe Rabat.Htm».
Nada más recibir ese informe, el juez dictó un auto en el que argumenta que de su lectura «cabe concluir que Sánchez Zabala, con el consentimiento de Marcial Dorado, utilizando entre otros, a Eugenio Fontenla (funcionario de Vigilancia Aduanera) y Juan Miguel Castañeda Becerra (coronel de la Guardia Civil), procedió a urdir una trama tendente a descalificar al entonces juez titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía, así como al responsable del SVA en Galicia, siempre con la voluntad precisa de deslegitimar las investigaciones policiales y judiciales del entorno de Marcial Dorado, entre las que se hallan las presentes». Aclara el auto que la trama consistiría en el uso «de documentos oficiales facilitados por los funcionarios públicos aludidos, quienes habrían recibido distintas contraprestaciones económicas».
